miércoles, 20 de agosto de 2014

Presos por defender sus tierras

Otra vez, la provincia de Formosa es el epicentro de un conflicto de tierras que involucra los derechos de los Pueblos Originarios, la represión a los que se resisten y la criminalización. Para solidarizarse y visibilizar la situación, en Buenos Aires organizan un acto y una conferencia de prensa para el viernes próximo, donde exigirán, entre otras cosas, la liberación de los hermanos wichí encarcelados.

Osvaldo Bayer exige la liberación de los hermanos Tejada
El pasado 28 de julio, un centenar de policías provenientes de la localidad de Ingeniero Juárez, en Formosa, se dirigieron a la comunidad wichí El Colorado y desataron una brutal represión. Los indígenas, desde hace un tiempo, reclamaban que se respeten los límites de sus tierras comunitarias.

Los originarios fueron reprimidos e invadidos en su comunidad luego de intentar proteger sus tierras y echar a un “criollo” que estaba alambrando sus propios terrenos.

La excusa de las fuerzas represivas para ingresar a la comunidad fue un allanamiento por el robo de una moto. El saldo de la incursión fueron seis detenidos y un herido de bala. Aún hoy, cinco hermanos de apellido Tejada se encuentran detenidos. Entre ellos, el referente Avelino Tejada, que realiza, desde hace unos días, una huelga de hambre pidiendo la liberación de todos los presos. Cuatro de ellos se encuentran detenidos en la alcaldía de la localidad de Las Lomitas y, otro de los hermanos, Ricardo, permaneció internado en el Hospital de Alta Complejidad de la ciudad de Formosa por su grave estado, resultado de las heridas provocadas por la represión policial, hasta el pasado 15 agosto; luego fue trasladado a la capital provincial.

Al día siguiente de la represión, la subcomisaria de la localidad de El Potrillo fue tomada por los indígenas para reclamar la liberación de los detenidos y exigir respuestas por el accionar policial. También, pidieron explicaciones al ministro de Gobierno, Jorge Abel González, por haber trasladado una cantidad tan desmedida de efectivos para llevar adelante un allanamiento.

En una entrevista realizada por el programa Enredando las mañanas, de la Agencia de Noticias Redacción (ANRed), el abogado de los indígenas detenidos, Daniel Cabrera, declaró: “Nos parece injusta esta situación, porque la ley 26.160 está vigente en la provincia y una cuestión de tierras, otra vez, señala la ineptitud del gobierno de poder llevar adelante su aplicación. El gobierno provincial ya ha dado el visto bueno a un criollo para que alambre dentro de la propiedad comunitaria con título de la comunidad”.

El abogado remarcó la importancia de los recursos naturales que posee esta zona, que se encuentra al oeste de la provincia, en el límite con Salta y Paraguay. La región contiene ricas reservas de hidrocarburos y pozos para extraer petróleo. Es necesario señalar la presencia de recursos tan importantes para entender por qué se avanza sobre las tierras comunitarios. Además, el territorio no es ajeno al avance del agronegocio y al corrimiento de la frontera agropecuaria.

Cabrera aclaró el origen del conflicto y eliminó dudas sobre la propiedad de la tierra: “Lo más extraño es que la comunidad tiene el título hace mucho tiempo, bien delimitado, y este criollo se ha metido hace un tiempo dentro de la comunidad, con sus animales y, de a poco, fue tomando terreno. Ésto, con el visto bueno del gobierno de Formosa. Esta situación ha llevado a que la gente, en forma reiterada, le pida a esta persona que se retire. Pero no obtuvieron respuesta y todo terminó el lunes con la represión”. El abogado explicó cómo, días previos a la represión, la comunidad había pedido “amablemente” que retiraran el alambrado dentro de la propiedad.

Según el letrado, en la mañana del lunes 28 de julio, “se hicieron presentes en el domicilio de los hermanos Tejada más de cien policías con una orden de allanamiento, la cual no fue leída”. Siguiendo el relato de Cabrera, los wichí, “recién levantados”, fueron salvajemente reprimidos con balas de goma y, a Ricardo, “por la distancia desde donde le pegaron las balas, le han destruido el brazo”.

El por entonces defensor de los indígenas, puso en evidencia la complicidad del estado provincial y la justicia. “Nosotros venimos trabajando en el desalojo de esta persona hace tiempo, nos parece raro con la rapidez que actúa el juez para hacer allanamientos, para ir a reprimir a la gente; y no lo ha hecho para la comunidad, que muchas veces ha sufrido presiones de este criollo y amenazas de muerte y no le han allanado la casa, no le han retirado las armas que posee. Entonces, se ve claramente cuál es la política que tiene el gobernador, que es imperialista, maneja la justicia y la policía de la provincia”.

Días después de la entrevista, bajo presiones y amenazas, los hermanos Tejada accedieron a cambiar a su abogado defensor por un concejal del Frente Para la Victoria de Las Lomitas, Omar Padilla.

La Formosa de Gildo

El avasallamiento de los derechos de los Pueblos Originarios en la provincia de Formosa, así como en varios rincones del país, ya no se puede disimular ni tapar. La lucha de la comunidad Potae Napocna Navogoh, conocida como La Primavera, y de su qarashe (vocero), Félix Díaz, visibilizó en su momento la terrible situación del pueblo qom.

La impunidad y la indiferencia del gobernador Gildo Insfrán y de sus funcionarios, sumada a una larga lista de represiones, desalojos, derechos vulnerados, abandono, asesinatos (algunos sin esclarecer); generó, en torno a su figura, un fuerte rechazo por las organizaciones indigenistas y de derechos humanos. Ya son veinte años de gobierno en los que acumula una larga lista de oscuros antecedentes.

Las leyes, tratados internacionales y ordenanzas que protegen a los Pueblos Originarios, tampoco son respetados en la provincia que, según muchos formoseños, es dirigida como un feudo. La Ley Nº 26.160, sancionada a finales de 2006 por el Congreso Nacional, declara la emergencia en materia de “posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”. Además, ordenaba al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a realizar, durante los primeros tres años de vigencia de la ley, el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras en todo el país.

Los relevamientos nunca se concretaron y, a partir de eso, en noviembre de 2009 se prorrogaron los términos por otros cuatro años mediante la Ley Nº 26.554. En septiembre de 2013 se volvió a repetir la situación y, a través de la Ley N° 26.894, se extendió el plazo hasta el 23 de noviembre de 2017. Mientras tanto, los desalojos y, en particular, el atropello de esta ley, demostraron los intereses defendidos por el propio gobernador. En las demás provincias que tienen mayor presencia indígena, el panorama se presenta parecido.

La comunidad El Colorado es un claro ejemplo de esto: se avanza sobre sus propios territorios, pisoteando sus derechos ancestrales y las leyes vigentes que los protegen. Lo más manifiesto aparece cuando los indígenas se organizan y luchan. Si eso ocurre, del otro lado se prepara la represión, la persecusión y la criminalización.

El avance del modelo extractivista, de la mano del agronegocio, la megaminería y las explotaciones hidrocarburiferas, se presenta como el mayor enemigo de las comunidades originarias.

Acto y conferencia de prensa en Buenos Aires


Los cinco hermanos wichí siguen detenidos, a pesar de los reclamos y la solidaridad de movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y otras comunidades que se hicieron eco de su causa.

"Los hermanos wichí llevan tres semanas presos por un delito que no cometieron, a raíz de una causa trucha, armada por el gobernador Insfrán y el juez Francisco Orella. La denuncia sobre el falso robo de una moto fue la excusa para arrasar la comunidad wichi El Colorado con un destacamento de cien policías armados", así comienza el comunicado que invita a la conferencia que se realizará por la liberación de los hermanos presos "en las cárceles de Insfrán".

“Denunciamos que las poblaciones originarias de Formosa son víctimas de un plan de exterminio por parte del gobernador kirchnerista, Gildo Insfrán. El despojo, la discriminación y la represión sistemáticas apuntan a desplazarlos de sus tierras ancestrales, para colocarlas al servicio de los agro-negocios y del capital financiero que invierte en ellos”, contextualiza el comunicado que, además, denuncia el ataque sufrido por estudiantes de varias universidades del país de parte de una “patota del gobernador”, por “atreverse a registrar las condiciones inhumanas” a las que son sometidos originarios y campesinos.

“El Gobierno Nacional mira para otro lado y es cómplice de este verdadero genocidio”, sentencia el comunicado firmado por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Mesa de Pueblos Originarios de la Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ), y otras organizaciones de derechos humanos.

“Exigimos la inmediata liberación de los cinco hermanos detenidos, la investigación de los ataques contra originarios y estudiantes y el castigo a sus culpables”, puntualiza el escrito, que también firman y acompañan Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y el referente indígena, Félix Díaz. Además, reclamarán al Ministro del Interior, Florencio Randazzo, para que los reciba.

El acto y la conferencia de prensa se realizará el próximo viernes, a las 11:30 de la mañana, frente al Ministerio del Interior, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por Fabián Chiaramello

Fuente: Cooperativa de Comunicación La Brújula

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