Misiones
En la mañana del 8 de abril se dio uno de los desalojos campesinos más grandes de los últimos años. Cientos de policías, Infantería y el Grupo de Operaciones Especiales de Posadas desalojaron violentamente, por orden de la Justicia misionera, a alrededor de cien familias campesinas que vivían desde hace décadas en tierras que pertenecen a la empresa Colonizadora Misionera.
Durante el desalojo se expulsó a las familias de las viviendas, se las abandonó en la ruta con algunas de sus pertenencias mientras que otras, como herramientas de trabajo no fueron devueltas. Además fueron apresados varias personas que permanecieron casi una semana en prisión y denunciaron torturas y maltratos.
Un mes antes, según relata una de los pocos periodistas que estuvo presente durante los desalojos, Martín Sereno, luego de tres días de cortes de ruta para exigir respuesta ante una amenaza de desalojo que había trascendido, los pequeños productores participaron de una mesa de diálogo con funcionarios provinciales y nacionales. En el acta se firmó un acuerdo para realizar un relevamiento sobre las familias y las producciones en las tierras en conflicto. Sin embargo sin aviso previo se dio el desalojo sin la posibilidad de defensa de los campesinos del departamento San Pedro.
“Las familias que más tiempo llevaban en el predio estaban ahí desde hace 3 y 5 años, es decir que a ninguno les cabía la Ley de Arraigo”, dijo el subsecretario de Seguridad de la provincia, Julio Lenzken. Las tierras en conflicto están ocupadas por estos productores desde hace más de treinta años como puede constatarse a partir de diferentes notas periodísticas de principios del siglo cuando ya se iba profundizando la problemática. También puede verse como estas familias se fueron asentando y trabajando la tierra por años mientras que los dueños estaban ausentes porque ya habían exprimido lo que habían ido a buscar, en este caso la madera. Los dichos del subsecretario de Seguridad son una justificación más para un accionar injusto.
En los últimos años con el boom de la soja y la forestación de pinos, con un incentivo adicional, hizo que los dueños vuelvan la mirada a esas tierras que antes ni veían. El apoderado actual de la empresa heredó, entre varios lotes, uno de 30 mil hectáreas, dentro de muchas de estas se asentaban los campesinos desalojados quienes eran los únicos que la trabajaron durante décadas. La Provincia empezó con la expropiación de una gran parte de esas tierras pero nunca llegó a la totalidad.
El mes terminó y casi medio centenar de las familias desalojadas siguen viviendo a la intemperie, en carpas, con niños, sin su trabajo que los alimentaba y sin respuestas. Abandonados a la vera de la ruta.
Córdoba
Dos familias que vivían en el paraje Tres Esquinas, a pocos kilómetros de la capital cordobesa, fueron desalojadas el 14 de abril. Una topadora y personal policial fueron suficientes para destruir todo en pocos minutos. Derrumbaron las casas, todas las construcciones, corrales y borraron cualquier huella territorial de la existencia de los campesinos. Perdieron todos sus bienes, hasta los animales.
Las dos familias perjudicadas nunca fueron avisadas que serían desalojadas ni tampoco existió un juicio previo. “Estas acciones representan una claro mensaje de cómo la provincia de Córdoba elige la política de recortar derechos, reprimir las luchas sociales y fortalecer a los agronegocios sojeros y la mafia de compra-venta de campos”, denunció el Movimiento Campesino de Córdoba.
El desalojo surge a raíz de un conflicto entre Sara Javes quién sostiene un litigio en la justicia Civil y Comercial contra Henrry Cataneo, un empresario de la soja ya fallecido que usurpaba gran parte de las tierras que, según su testimonio, permanecían a su abuelo. En el medio de ese juicio por las 183 hectáreas se encuentran las dos familias desalojadas que sólo ocupaban un terreno de 3 hectáreas que según ellos trabajaban desde tres generaciones. Poco importan los procedimientos cuando se trata de campesino u originarios.
Luego del desalojo y de que algunas organizaciones se acerquen a intentar frenar el atropello fueron apresadas e imputadas 16 personas por el delito de “usurpación” por ir al lugar a defender a las familias.
Formosa
El qarashe (líder) de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, Félix Díaz, fue procesado por “usurpación” de territorios que pertenecen a la propia comunidad en la que vive. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con esta decisión, la justicia provincial insiste en “direccionar la persecución penal sobre el líder de la comunidad en lugar de priorizar la implementación del derecho a la propiedad comunitaria de la tierra”.
La lucha de esta comunidad del norte argentino es conocida. En un comunicado expresan: “Los qom decimos que nuestro qarashe no ha cometido ningún crimen por vivir junto a otros muchos hermanos de nuestra comunidad en nuestro territorio”. En otro comunicado, del propio Félix deja en claro que “nadie puede acusar a un indígena por vivir en su territorio tradicional, se trata de una grave falta a la normativa indigenista, a la justicia”.
¿Quiénes usurpan?
Según un informe del diario La Voz, de Córdoba, en las últimas décadas, operan en la provincia supuestos empresarios agropecuarios y abogados que se presentan en fiscalías y juzgados y fingen ser víctimas de usurpadores, pero se sospecha que traman artificios legales para despojar de sus propiedades a los legítimos dueños.
En el informe en el que se pueden leer ejemplos prácticos de grandes empresarios que se dedican a usurpar y utilizar sus recursos para engañar a la justicia y, muchas veces, a los verdaderos dueños de las tierras. Como una acción urgente suelen alambrar los campos e instalar operarios y herramientas de trabajo y preparar los terrenos en poco tiempo para producir.
Según las fuentes judiciales que aportaron al trabajo, para lograr sus objetivos, estas personas apelan a documentos falsos y a una buena cantidad de testigos, que curiosamente se repiten en distintos casos. Según el informe, éstos testimonian para favorecer a los sospechosos y perjudicar a los verdaderos dueños.
La forma en la que operan consiste en identificar campos abiertos y acceder a la cesión de derechos posesorios de algún campesino, muchas veces engañado en su buena fe. Según el aporte de fuentes al informe, a veces, se incluyen visitas a personas de edad internadas, para hacerles firmar un acta. Asimismo describe: “Una vez que alguien del grupo ingresa a un campo, alambra, coloca maquinarias, paga algún impuesto adeudado y, paralelamente a un juicio civil, solicita medidas de no innovar acompañadas de denuncias penales”.
Según funcionarios judiciales los autores de estas maniobras apelan a diversos planteos recursivos y dilatorios, lo cual les permite explotar campos durante mucho tiempo (hay juicios civiles de entre 10 y 15 años de duración) y las víctimas, sumidas en la pobreza y sin ingresos, terminan por desistir de sus derechos o malvender sus propiedades.
La deja bien en claro el negocio: “En vez de comprar por el valor real, los ocupan y explotan. En cinco, seis u ocho años, ganan lo suficiente como para pagarles a los abogados y adquirir la tierra. En el peor de los casos, devuelven los inmuebles pero, entre tanto, explotaron la propiedad”.
El trabajo concluye con la parte más invisible: el pago de sobornos, las amenazas, pagos a peritos que adulteran datos, utilización de armas, robos y el uso de la fuerza pública contratando policías adicionales para defender sus negocios ilegales.
Leyes y modelo
En noviembre de 2006, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 26.160 que declara la emergencia en materia de “posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”. Además, durante los primeros tres años de vigencia de la ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) debía realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras. El relevamiento nunca se concretó y, a partir de eso, en noviembre de 2009 se prorrogaron los términos por otros cuatro años mediante la Ley Nº 26.554, que tiene vigencia hasta el 23 de noviembre de 2013.
Durante todo ese proceso y hasta hoy, los desalojos se siguen dando en todo el país. Tampoco se avanzó demasiado con el relevamiento. Por eso se llevó al Congreso otra ley creada en 2010 por varias organizaciones campesinas y que después del asesinato del campesino de Santiago del Estero, miembro del Mocase, Cristian Ferreyra, lleva su nombre. El nuevo proyecto ordena frenar los desalojos por cinco años, realizar relevamientos los tres primeros y declarar la función social de la tierra. Sin embargo y a pesar de haber contado con apoyo del oficialismo en un primer momento que se comprometió a aprobarla antes de que finalice el 2012, esto nunca ocurrió. En Santa Fe sí fue aprobada una ley de características similares en diciembre.
El modelo extractivista basado en los agronegocios, la megaminería y las explotaciones hidrocarburíferas, es incompatible con la vida de pequeños campesinos y pueblos originarios. Los desplaza, los deja fuera. No los necesita. También son incompatibles las leyes y eso queda demostrado en su inoperancia. La impunidad con la que son desalojados es cada vez más evidente. Muchos de estos pueblos son los que terminan migrando a las grandes ciudades dónde su única opción es la de “sobrevivir” y seguir engrosando las villas miseria.
El mes de abril carga con dos fechas importantes: el Día Internacional de la Lucha Campesina y el Día Americano del Indio. Sin embargo, no hubo motivos de festejos.
Por Fabián Chiaramello
Fuente: Cooperativa de Comunicación La Brújula
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