“El nuevo Código Civil enviado por la Presidenta será un retroceso enorme para los pueblos originarios. Los derechos ganados en años de lucha por nuestros pueblos, con éste proyecto quedarían reducidos a simples inmuebles rurales”, denunció Ignacio Prafil, werken (vocero) de la comunidad Fvta Anekon de Río Negro e integrante del Consejo Plurinacional Indígena (CPI), que se reunió en la puerta del Congreso Nacional para rechazar la reforma del Código Civil. Mientras en el Congreso se desarrollaba la audiencia pública para opinar sobre el proyecto, Prafil advirtió desde las escalinatas de ingreso al histórico edificio: “Desde el actual Estado se habla de derechos humanos, pero a la hora de los pueblos originarios parece que se acabaron los derechos humanos. Legislan sobre nosotros, pero no respetan nuestros derechos”. Acompañaron el reclamo la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Ya habían expresado sus cuestionamientos al proyecto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) y la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI). Exigen que los artículos vinculados a pueblos indígenas sean tratados en una ley especial y con consulta a los pueblos.
Paz Argentina Quiroga, huarpe de San Juan, aclaró que desde el Consejo Plurinacional no están contra la reforma del Código Civil. “El actual es un Código obsoleto, hay que modernizarlo, pero no estamos para nada de acuerdo con que incorporen artículos que afectan directamente a los pueblos originarios y sin consultar a los pueblos. Los artículos propuestos no se corresponden con la legislación vigente, se contrapone con la misma Constitución Nacional. De aprobarse así como está, será un Código Civil anticonstitucional”, remarcó Quiroga.
La referente huarpe remarcó que en Argentina viven 35 pueblos indígenas, que ninguno fue consultado y –en un contexto de “agresión territorial en los cuatro puntos cardinales del país”–, el anteproyecto enviado por el Ejecutivo “hecha por tierra la legislación ganada en décadas de lucha”.
“Nos ponen en un articulito que ni nos reconoce como pueblos (como sí lo hace la Constitución Nacional), sino como comunidades. Nos ubica como si fuéramos un inmueble que se compra y se vende. No tiene nada que ver con nuestra cosmovisión. Nuestro territorio no es un recurso, es nuestra vida, nuestra existencia”, aclaró Quiroga.
Nilo Cayuqueo, mapuche de Los Toldos (Buenos Aires), exigió que se respeta el Convenio 169 de la OIT (que Argentina ratificó) y se proceda a realizar un proceso de “consulta libre, previa e informada” con los pueblos indígenas. “No aceptamos esta propuesta de Código Civil”, insistió Cayuqueo y lamentó, desde la vereda del Congreso, que los legisladores “no bajen a dialogar” con los pueblos indígenas.
Derechos humanos
Aldo Etchegoyen, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), remarcó que la organización respalda el reclamo del Consejo Plurinacional Indígena y solicitó que la Comisión Bicameral del Congreso –a cargo de las audiencias públicas por el Código Civil– “escuche seriamente el pedido de los pueblos originarios”. Pidió por la seguridad del líder qom Félix Díaz (de Formosa) y recordó que las comunidades indígenas sufren “amenazas y persecuciones” por defender los territorios indígenas.
Angélica Mendoza, del Serpaj, hizo llegar la adhesión de Adolfo Pérez Esquivel. Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, vinculó el nuevo Código Civil al avance de industrias extractivas: “En la marcha indígena del Bicentenario, la Presidenta marcó la cancha. Les avisó a los dirigentes indígenas que si hay petróleo en una comunidad iban a correr la comunidad. Los derechos humanos se respetan o se violan, y con los pueblos originarios se están violando sistemáticamente”.
Silvina Ramírez, presidenta de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), remarcó que “no existió el derecho a consulta” de los pueblos indígenas. “Esa vulneración de derechos no se suple con las voces que puedan ser escuchadas en estas audiencias testimoniales sobre un Código Civil que parece ya estar decidido”, advirtió y evaluó que el articulado del proyecto “muestra la incomprensión del Estado respecto a los pueblos indígenas, pueblos que son sujetos políticos y con quienes se debe construir una relación distinta para un Estado plurinacional y pluricultural”.
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, resumió: “El proyecto de Código Civil muestra desprecio por la vida de nuestros hermanos. Hay un abandono del Estado para los pueblos originarios. Hay un Gobierno que dice defiende los derechos humanos, hemos tenido avances hasta acá, pero tenemos que tener todos los derechos humanos y hoy no es tan así. No sólo los Qom, todos los pueblos originarios están siendo perseguidos, violados sus derechos y se les apropian las tierras”.
Cortiñas llamó a actuar a “todos los organismos” de derechos humanos. “No pueden mirar para otro lado. No pueden decir que reclamar lo que corresponde es voltear un Gobierno, no es verdad. El Gobierno va por un camino equivocado si no escucha”, afirmó la Madre de Plaza de Mayo.
Propuso solicitar una entrevista con la Presidenta. Y de inmediato se autorespondió: “A Félix Díaz no le dio la entrevista, no sé si nos dará la entrevista”.
Y, al estilo de Madres, terminó con una arenga: “¡Vamos con fuerza. Hasta vencer!”.
Congreso
El Consejo Plurinacional Indígena presentó un documento ante la Comisión Bicameral del Congreso. Detalla las irregularidades que contiene la propuesta del nuevo Código Civil: viola el derecho a consulta, evita legislar sobre territorio, ignora a los pueblos indígenas urbanos y periurbanos y no reconoce a los indígenas como pueblos (sólo lo hace como comunidades).
Una de las mayores críticas es que se ubica a los pueblos indígenas dentro del derecho privado (como un consorcio de edificio o una cooperativa). El Consejo Plurinacional advierte que se contradice toda la legislación de derechos humanos de pueblos indígenas vigentes y se contradice escritos de la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco. El proyecto de Código Civil incluso se opone con una de las banderas del kirchnerismo: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entiende a los pueblos indígenas como personas de derecho público no estatal (y no dentro del derecho privado, como intenta el Gobierno con el proyecto del Código Civil).
El Consejo Plurinacional solicita que los artículos referidos a los pueblos indígenas sean retirados del proyecto y se convoque a una consulta amplia, que respete los tiempos y los derechos indígenas, para sancionar una ley especial en materia de propiedad comunitaria indígena.
Por Darío Aranda
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