-Contra los nostálgicos del Poder Militar, más y mejor democracia (Liga Argentina de Derechos Humanos)
En la Argentina, igual que ocurrió en casi toda Latinoamerica tras los procesos de “transición a la democracia”, el centro de gravedad del aparato estatal de seguridad, que detenta el monopolio del uso de la fuerza, se ha trasladado a las fuerzas policiales y las otrora fuerzas para militares como Gendarmería y Prefectura Nacional, desnaturalizando su función formal para transformarse en las reales fuerzas armadas del Estado.
Eso explica el desplazamiento de estas fuerzas, supuestamente creadas para la defensa de las fronteras nacionales, a toda la geografía argentina y su compromiso con tareas cada vez más ambiciosas resueltas por los MInisterios correspondientes.
Se les ha permitido demasiados excesos, incluido el diseño de un proyecto de Inteligencia interior, el "Proyecto X", y ahora se recoge una provocación montada en reclamos de mejoras salariales y de mejores condiciones de trabajo y de vivienda que procura instalar la confrontación "legitimos reclamos vs instituciones de la Constitucion"
Al repudiar cualquier intento desestabilizador, desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre insistimos en la necesidad de erradicar de todas las fuerzas armadas y de seguridad estatales (y también las agencias privadas) a todo personal vinculado con el terrorismo de Estado, el Gatillo fácil, el trafico de drogas y seres humanos y los episodios de represión a las luchas sociales
Es imperioso establecer una fuerte conducción política sobre todas estas fuerzas mientras se abre un debate sobre los caminos para erradicar la cultura represora y la influencia de las doctrinas imperialistas de seguridad como las que hace pocos días han propagandizado funcionarios norteamericanos desde la misma sede del Ministerio de Defensa.
Contra los nostálgicos del "poder militar", más y mejor democracia.
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-"La discusión salarial y el uso político son objetivos distintos y contradictorios" (Comisión Provincial por la Memoria)
Ante el conflicto salarial de gendarmes y prefectos, la CPM señala que el justo reclamo de los trabajadores merece ser atendido y sustanciado a través del dialogo. El personal debe transitar el conflicto respetando los canales democráticos e institucionales.
Ante el gesto político del gobierno nacional, orientado a la resolución del conflicto, instamos a que este justo reclamo no sea utilizado por las corporaciones que haciendo uso de su poder que en otros momentos de la historia han provocado inmensos retrocesos en la democratización de la sociedad intentando consolidar prácticas autoritarias en desmedro de las grandes mayorías populares.
Por eso, rechazamos los intentos de quienes buscan utilizar este reclamo para crear una sensación de desestabilización y limitar el poder de la democracia.
Son dos objetivos totalmente distintos y contradictorios. De un lado la discusión salarial y del otro la utilización política para defender intereses que siempre lesionaron la democracia y los derechos de los trabajadores.
Resuenan como alerta las sublevaciones de las fuerzas de seguridad en Ecuador y Bolivia. Debemos ser claros y defender la democracia y los derechos que hemos conquistado con tanto esfuerzo.
Contacto prensa: Violeta Burkart Noe 011- 156-520-5490
Oficina de Comunicación y prensa: 0221- 4 26-2916 / 2905.
prensa@comisionporlamemoria.org
LA COMISION POR LA MEMORIA ESTA INTEGRADA POR:
Adolfo Pérez Esquivel / Hugo Cañón / Laura Conte / Aldo Etchegoyen / Alejandro Mosquera / Víctor Mendibil / Mauricio Tenembaum / Elisa Carca / Elizabeth Rivas / Susana Méndez / Daniel Goldman / Roberto Tito Cossa / Emilce Moler / Mempo Giardinelli / Fortunato Mallimaci / Verónica Piccone / Carlos Sánchez Viamonte / Luis Lima / Víctor de Gennaro / Martha Pelloniica mediante el diálogo.
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-No son nuestros compañeros (Agencia de Noticias Pelota de Trapo)
Son el sistemático brazo del Estado para el ejercicio monopólico de la violencia. Son los que espían y se infiltran desde el Proyecto X. Son los que apenas unos días atrás apresaron a cooperativistas en la Panamericana, los golpearon y los detuvieron en Campo de Mayo, paradigma de la represión ilegal. Por orden y gracia del mismo poder político que hoy les rebaja los salarios. Son el brazo represor del Estado que disciplina y pone en caja a la protesta social. Son el dedo multitudinario de la ley antiterrorista, que señala a pobres, villeros, pibes morochos, desterrados, confinados, peligrosos elementos que amenazan el sistema y de los que hay que defenderse fieramente, quitando fuerzas de los mares y las fronteras.
Son los que no nos cuidan, nos castigan. No nos protegen, nos persiguen. No se suman a nuestras luchas por el pan y la dignidad, nos combaten. Son los que, cuando consigan sus propias reivindicaciones en su lucha desde la fuerza y el miedo, volverán a erguirse brazo represor y muerte por la espalda.
No son nuestros compañeros.
Son los que llevan las armas de quienes se obstinan en impedir nuestra nueva y arrasadora utopía de la vida.
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-¿Armados y organizados? (Marcha Noticias)
El reclamo salarial de los oficiales de Gendarmería y Prefectura generó una gran variedad de opiniones y declaraciones de referentes políticos y sociales. Y no puede ser de otra manera para una protesta de características inéditas para estas fuerzas de seguridad nacional en los últimos 30 años, que tuvo su epicentro en Buenos Aires pero que también se expresó en otras ciudades como Mendoza, Tucumán, Bariloche, Salta, Jujuy, Rosario y Jesús María. Es el primer conflicto grave entre el kirchnerismo y las fuerzas de seguridad.
Las opiniones tuvieron que ver con dos temas: en primer lugar la defensa de la democracia y en segundo lugar la discusión sobre la legitimidad del reclamo salarial.
Con respecto al primero de los ejes, los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, Julián Domínguez y Amado Boudou, convocaron a una reunión de urgencia a legisladores oficialistas y de la oposición de la que resultó una declaración en la que instaron a gendarmes y prefectos "a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, de acuerdo a la Constitución". Por su parte, Claudio Lozano no participó de la reunión y manifestó a través de un comunicado que el sector "no acompañará ninguna declaración que tienda a ilegalizar el reclamo salarial de los prefectos bajo la excusa oficial de que encubre un intento desestabilizador".
Más explícitos fueron distintos sectores del kirchnerismo que rápidamente trataron a la protesta de destituyente, asociándola con el intento de golpe de Estado recientemente ocurrido en Ecuador. El diputado nacional por el Frente para la Victoria Edgardo Depetri dijo que "quieren condicionar la democracia argentina en la misma sintonía que hicieron con Rafael Correa en Ecuador.” En el mismo sentido fueron las palabras de Hugo Yasky, titular de la fracción oficialista de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), quien aseguró que "preocupa mucho más por tratarse de uniformados y fuerzas de seguridad que, tal como hemos visto en otras situaciones en países de la región, son rápidamente instrumentadas por los grandes grupos mediáticos y por los sectores dominantes para usarlo como ariete de los gobiernos populares y democráticos". Organismos de derechos humanos como el CELS, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (línea fundadora), HIJOS y Familiares afirmaron en un comunicado que "respaldamos la democracia y les pedimos a las fuerzas de seguridad que regresen a sus lugares de trabajo y retomen sus actividades para que no se repitan historias de este país y de Latinoamérica".
En cuanto a la legitimidad de la protesta, se destacaron las palabras de Hugo Moyano, quien tras reunirse con representantes de prefectos y gendarmes afirmó que "son trabajadores como cualquier otro y están en su derecho de reclamar lo que les pertenece". Caló, por su parte, recién electo como Secretario General de la otra fracción de la CGT, en un primer momento apoyó la protesta pero llamativamente más tarde cambió su postura. "Todo lo que sea reclamo de los trabajadores lo vamos a apoyar. Cuando hay un reclamo salarial la CGT lo va a tener que acompañar", había asegurado. Pero luego declaró que desde la central obrera "no estamos de acuerdo con este reclamo, porque ellos (por los gendarmes y prefectos) tienen otros canales que no son la protesta; claramente no son un gremio y por eso deben tener responsabilidad". Finalmente, Hugo Yasky dijo que observa con "preocupación" el conflicto, porque "más allá de una motivación justa" en el reclamo, consideró que "hay elementos que sistemáticamente están tratando de generar focos de conflictividad, para erosionar y socavar la imagen del Gobierno".
Mauricio Macri afirmó: "Yo los entiendo profundamente: llevan una década de maltratos, de falta de respeto, de humillación de un Gobierno nacional que ha improvisado en políticas de seguridad y por eso han fracasado". Pero "hay que apostar a la convivencia, al dialogo, al trabajo en conjunto. Tenemos un enorme futuro pero apostando al respeto de las instituciones", dijo el líder del Pro. Menos condescendiente estuvo el presidente del bloque de diputados del Pro, Federico Pinedo, quien afirmó que los prefectos y gendarmes “no pueden hacer abandono de servicio” y recordó que “no son fuerzas deliberativas” como para manifestarse. “Debe haber sometimiento al poder político”, remarcó Pinedo.
Los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP) Víctor De Gennaro y Margarita Stolbizer, por su parte, defendieron la posibilidad de que los efectivos de la Gendarmería y Prefectura puedan sindicalizarse ante las"malas condiciones laborales" que motivaron los reclamos. "Apoyamos el reclamo laboral porque la falta de sindicalización condena hoy a estos trabajadores con bajos salarios, desprotección legal, falta de capacitación, situaciones de riesgo y malas condiciones generales para el desempeño de sus funciones", señalaron.
En cuanto al kirchnerismo, el diputado nacional del Frente para la Victoria Depetri consideró que "el reclamo salarial es justo" y sostuvo que "quien implementó esta normativa que impactó en el salario de las fuerzas tiene la responsabilidad y debe hacerse cargo". Por otro lado, el diputado bonaerense Fernando "Chino" Navarro, a través de su cuenta oficial en Twitter, consideró que "el reclamo era justo, causado por errores administrativos y mala fe de altos mandos", pero que "ya afecta la democracia".
Finalmente desde la izquierda, Christian Castillo, dirigente nacional del PTS y del Frente de Izquierda, sostuvo que "no compartimos la posición de Moyano o integrantes del FAP como Stolbizer y De Gennaro, ni de quienes desde la izquierda apoyan los reclamos de los integrantes de las fuerzas represivas del Estado capitalista, ya que darles más recursos es generar mejores condiciones para que repriman al pueblo trabajador.”
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-Con la sutileza de un elefante en un bazar (Marcha Noticias)
Desde hace más de un día observamos imágenes que, más allá de las notables diferencias que existirían a priori, nos retrotraen a situaciones políticas que nuestro país parecía haber superado: cientos de prefectos, a los que se sumaron gendarmes y otros miembros de fuerzas de seguridad, manifestándose con demandas concretas dirigidas al poder político.
La preocupación por el escenario que estas protestas pueden abrir no debe impedir el análisis acerca de los orígenes de esta situación. En particular, cabe preguntarse por las razones que llevaron a cientos de jóvenes prefectos y gendarmes a manifestarse de la manera en que lo hicieron, a romper con la cadena de mandos.
En el origen del conflicto el Gobierno Nacional ha actuado al menos con un grado de imprudencia e impericia notables. La estructura salarial de las fuerzas de seguridad desde hace muchos años se encuentra totalmente desarticulada, con salarios básicos exiguos y numerosos adicionales, remunerativos, no remunerativos, bonificables, no bonificables, discrecionales. En definitiva, al igual que gran parte de los trabajadores del sector público, los integrantes de las fuerzas de seguridad perciben la mayoría de su salario como conceptos no remunerativos o, como se los conoce vulgarmente, “en negro”.
Esta situación originó la presentación de muchísimas acciones judiciales, que complicaron más aún dicha estructura salarial: en una misma fuerza pasaron a convivir integrantes que cobraban sueldos muy disímiles, en función del resultado de la acción judicial que hubieran presentado.
En abril de este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación le reclamó al Gobierno Nacional que ordene dicho desquicio salarial, que alcanzaba tanto a los miembros de Prefectura y Gendarmería como a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Es decir, que blanquee sus salarios.
A comienzos de septiembre, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1307 que reestructuró la escala de remuneraciones de los miembros de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval de acuerdo a los criterios sentados por la Corte Suprema en el fallo “Zanotti”.
Este decreto incluyó un artículo que garantizaba que ningún integrante de dichas fuerzas pasaría a percibir una remuneración bruta inferior a la que venían percibiendo, exceptuando de dicha garantía a quienes se habían beneficiado de decisiones judiciales que les otorgaban remuneraciones mayores.
Como consecuencia de ello se generaron dos situaciones encontradas. Por un lado, quienes habían obtenido incrementos salariales a través de la presentación de amparos judiciales experimentaron una reducción significativa de sus remuneraciones; por el otro, quienes se beneficiaron con un blanqueo de sus salarios sufrieron una caída en sus ingresos de bolsillo, debido a los mayores aumentos en los descuentos correspondientes a los aportes jubilatorios, a la obra social e incluso al pago del impuesto a las ganancias. La garantía salarial se previó sobre la remuneración bruta, no sobre el ingreso de bolsillo de los integrantes de las fuerzas.
Si bien el Gobierno Nacional señaló que con estas transformaciones intentaba superar las injusticias derivadas de integrantes de las fuerzas que, a través de amparos judiciales, percibían sumas en torno a los $30.000 mensuales, la mayoría de los afectados son prefectos y gendarmes cuyas remuneraciones se encuentran entre $ 5.000 y $ 10.000. Es decir, se trata de una reducción nominal a sectores de ingresos medios y medios bajos. Pretender que esta reestructuración podía realizarse sin ninguna reacción no entra en ningún análisis.
La situación parece ir solucionándose. Sin embargo, los movimientos y réplicas continuarán produciéndose. La cadena de mandos se quebró. El Gobierno nacional mostró una impericia alarmante en su conducción de las fuerzas de seguridad. Y, sería necio negarlo, muchos sectores que apuestan a la desestabilización política se habrán regocijado con la situación actual. Sin quererlo, el Gobierno nacional les entregó una victoria inesperada y, peor aún, puso a su disposición, al menos en el corto plazo, a gran parte de la “tropa” de las fuerzas de seguridad.
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-Néstor Elías
Basta de trampear la información, NO HAY ESCENARIO POSIBLE PARA GOLPE NI DESESTABILIZACIÓN y NO EXISTE EL SUPUESTO GENERALIZADO DEL "TODO ESTÁ MAL" . Los problemas de la gente pasan por otro canal, las leyes increíbles que se están impulsando (y algunas que ya se votaron) para darle más potencialidad a los grupos concentrados, el boceto no consensuado de reforma al código civil donde se tieran porla borda una gran cantidad de derechos territoriales de la comunidades indígenas, los vericuetos posibles para "mal interpretar" la llamada ley de medios, etc., etc., Las cuestiones que hacen a la matriz de un país que dice que quiere cambiar. Esto está cada día más parecido al Don Pirulero, pero con títulos sobrecargados de una épica que no se expresa ni en la gestión, ni en la oposición a la misma y de la mano de personajes impresentables en muchos casos.
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