Siglo tras siglo los modelos productivos fueron raleando a los campesinos originarios, los que salieron de la tierra, brotaron del barbecho, asomaron de los ríos, fueron roca en los montes. Siglo tras siglo pasaron por Santiago del Estero. Y pasaron los Juárez y seguían el saqueo y el exterminio y los campesinos de los orígenes raleados de su suelo para pisar.
Hace 500 años y hace diez otro modelo productivo fue brutal y arrasante. Vestida de conquistadores, la soja transgénica fue la invasora. La colonización del suelo fue la sojización del país. Pizarro era Monsanto. O Cargill. Cualquier tipo de terreno pudo sembrarse con soja y murieron las fronteras naturales. El 56% de la tierra cultivable del país es un reguero de soja. Un horizonte de verde que no se acaba. Cada vez más ajeno. Los testaferros, los jueces, los sicarios. Los papeles apócrifos, la expulsión, el cuchillo en la yugular. El alambrado de casas, escuelas, caminos. Los cazadores que matan a los animales. Los matones armados que corren a las familias.
Miguel Galván era parte del Mocase y del pueblo Lule Vilela. Tenía 40 años. El sicario de un empresario de la soja le clavó una puñalada en la arteria que más sangra. Lo habían denunciado una, mil veces. Pero la tierra se sigue regando con la misma sangre.
La misma de Cristian Ferreyra, muerto a balazos el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio.
La misma de Javier Chocobar, diaguita de la comunidad tucumana Chuschagasta, asesinado el 12 de octubre de 2009.
La misma de Ely Juárez, que murió de un infarto tratando de frenar una topadora en San Nicolás, otro paraje de Santiago.
La misma sangre riega la misma tierra.
500 años y cien millones de muertos después.
Por Silvana Melo
Fuente: Agencia de Noticias Pelota de Trapo
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Sobre el asesinato de Miguel Galván
A menos de una semana del asesinato de Miguel Galván, a once meses del asesinato de Cristian Ferreyra, desde los montes y barrios de Santiago del Estero, desde lo más profundo de nuestra indignación, decimos:
Que los hechos ocurridos en el Paraje El Simbol, límite de Santiago del estero y salta, han calado y dejado, una vez más, en evidencia de la grave situación que vivimos cotidianamente en nuestras comunidades campesinas indígenas y de cómo la policía, el Juez Torreli de Monte Quemado y el gobierno de la provincia de Santiago, no han actuado ante las innumerables denuncias que se han realizado por las amenazas de muertes de grupos armados y han dejado zona liberada para su actuación.
El territorio de la triple frontera entre Chaco, Salta y Santiago del Estero, desde el 2006 viene siendo un foco de combate terrible y la firmeza de las comunidades organizadas ha evitado el avance de empresarios.
La familia de Miguel, nacido y criado en el paraje El Simbol, cuyos territorios comparten las provincias de Salta y Santiago del Estero, formaron parte desde sus inicios de la Central Campesina Indígena 3 Fronteras del Mocase-VC. Durante todos estos años, han estado resistiendo al avance de distintos empresarios como Romeral, la empresa El Alba de Salta que provocó un allanamiento por parte de la policía e infantería en 2008, matanza de animales y desmontes ilegales del empresario Raúl Micoli de Córdoba en 2010 y el santiagueño Gustavo Saa desde 2011, cuyas bandas armadas balearon a Don Sixto Ruiz el 14 de julio en el paraje Vinalito.
Desde hace 2 años, es la empresa Agropecuaria La Paz S.A, cuyo encargado es un tal Figueroa, quien intenta alambrar los territorios de la Comunidad El Simbol. Para ello, se ha aliado con la familia Risso Patrón, vecinos del lugar y quienes han dado entrada a los empresarios y a la banda armada de Tala Aranda. Estos custodian a los alambradores junto a Paulino Risso Patrón, contratado por la empresa para amedrentar a las familias de la zona permitiendo el alambrado de los territorios de la comunidad.
Ante esta situación, su hermano, su madre y Miguel habían presentado varias denuncias desde el año 2011 por usurpación y por amenazas contra la empresa, las bandas armadas y contra el asesino Paulino Risso Patrón, cuyas constancias se adjuntan a este comunicado.
Todos estos conflicto y el alambrado del territorio se está realizando en la parte que corresponde a Santiago del Estero, aunque la situación se repite en el territorio salteño. La policía que ha “actuado” hasta ahora en la zona ha sido la policía de Santiago y las denuncias y las investigaciones han sido desarrolladas por el Juez de Monte Quemado. Incluso hace 15 días, el Comité de Crisis de la provincia visitó la comunidad y pudo constatar la presencia de las bandas armadas y el alambrado del territorio.
Pero las bandas armadas siguieron su trabajo y el pasado miercoles, Paulino se dirigió a la casa de los hermanos Galván con un revolver 38 y trató efectuar dos disparos. Miguel intentó inmovilizarlo y el asesino lo apuñaló en la yugular. La causa quedó radicada en el juzgado de Metán, ya que el crimen se produjo en el lado salteño de la comunidad. El lunes los compañeros y familiares de Miguel se trasladaran a la ciudad de Metán para declarar como testigos del asesinato.
Hoy, la banda armada de Tala Aranda sigue alojada en la casa de los Risso Patrón, amenanzado a los familiares y vecinos.
Toda esta situación la venimos denunciando desde hace mucho tiempo y no se ha tomado ninguna medida efectiva que garantice la vida y el territorio de las comunidades campesinas indígenas y su producción de alimentos sanos.
Es por esto que exigimos:
- Que se detengan inmediatamente a las bandas armadas de Tala Aranda y la de los Juarez, asesinos de Cristian, que actúan inmpunemente en la zona, amenazando a las familias campesinas del norte de la provincia.
- Que se investigue y detenga a los responsables de la empresa Agropecuaria La Paz S.A, como responsables intelectuales del crímen y por contratar Guardias Blancas.
- Que renuncie el juez Jose Luis Torrelli de Monte Quemado quien no hizo nada ante las múltiples denuncias y que el revolver 38 del asesino que fue secuestrada por la policía de Monte Quemado no desaparezca como desaparecieron los cartuchos y la escopeta itaca que asesinó a Cristian Ferreyra.
- Que el Comité de Crisis, como instrumento del gobierno provincial ante los conflictos de tierra, haga público el informe que hizo de la visita de la comunidad El Simbol, donde se reconoce la presencia de bandas armadas y explique qué acciones concretas tomó al respeto el gobierno de la provincia.
Del asesinato de Cristian hasta ahora el Gobierno de la provincia no ha asumido su responsabilidad. Ningún funcionario ha dimitido, ni siquiera quien aprobó el desmonte en la comunidad de Cristian. Y hasta el momento, tampoco han declarado, ni dicho sobre el asesinato de Miguel Galván.
Señalamos a Luis Fernando “Parano” Gelid, ministro de Producción, Tierra y Recursos Naturales como principal impulsor del avance del agronegocio en la provincia, y por lo tanto, responsable político directo de los asesinatos de Miguel y Cristian. Gelid, que proviene de una familia con más de 40.000 has de soja y ganadería de dudoso origen, es metido en el gobierno de Zamora por la Confederación Rurales Argentinas (CRA) y él básicamente les ha dado a ellos el poder para avanzar sobre los territorios comunitarios.
Exigimos que la Provincia asuma de una vez por todas la realidad de las familias campesinas indígenas, proteja sus territorios y apoye su producción. Y esto significa prohibir los desmontes, los desalojos y el avance de las empresas del Agronegocio.
Ni un metro más, la tierra es nuestra!
¡Miguel Galván y Cristian Ferreyra Viven, la lucha sigue!
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Movilizó el MOCASE-VC y el gobierno provincial se refugio en el silencio
Campesinos del MOCASE-VC junto al Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) nos movilizamos por la capital santiagueña en repudio al asesinato de nuestro compañero Miguel Galván.
>>> http://mocase-vc.blogspot.com.ar/2012/10/movilizo-el-mocase-vc-y-el-gobierno.html <<<
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