Este miércoles se escribió un nuevo capítulo en la avanzada contra los derechos de los Pueblos Originarios de Tucumán. En la Base Riarte de la Comunidad Indio Colalao en Trancas la policía ejecutó un impresionante y desmedido operativo con más de 200 efectivos para desalojar bajo el carácter de "restitución provisoria" a unas 40 personas que resistían en ese lugar, recuperado después que el terrateniente Freddy Moreno Núñez Vela echara a un anciano Don Elías Apaza. El terrateniente pretende apoderarse de 19.000 hectáreas en esa zona, con la firma Zanja Honda y en sociedad con Jorge Posse de la firma Agro Avance.
La justicia de Tucumán una vez más desconoció la ley 26.160 que es de orden público y que prohíbe los desalojos en los territorios indígenas hasta tanto no se sustancie un relevamiento territorial (en curso) de las comunidades. En Tucumán los jueces desconocen a las comunidades como tales por lo que aplican el derecho contra personas particulares.
Durante toda la semana pasada la comunidad fue hostigada y vivió momentos de tensión permanente porque la policía intentó ingresar por Trancas y también por Salta pero las familias no permitieron que ingresen al terreno.Los referentes de la Comunidad Indio Colalao -que integra la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita- desde su movilización tuvo innumerables reuniones en respuesta al pliego de demandas por las que realizaron la marcha el 9 de junio. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y distintas "mesas de diálogo" y las propias promesas de la policía de no reprimir se diluyeron por la ejecución del desalojo. Hasta el día anterior al desalojo todo indicaba que no iba a concretarse el desalojo.
Se vivieron momentos de tensión ya que en horas de la tarde se conocía que se había realizado el desalojo con balas de goma, pero no se podía establecer las consecuencias. Con más tranquilidad y en horas de la noche en comunicación con el comunero Santos Tolaba, se pudo establecer con certeza que el desalojo no produjo heridos ni detenidos. "La policía llego a las 10 de la mañana. Llegaron a la puerta y dijeron que querían dialogar y se acordó que ellos iban a seguir en el lugar. Para esto se abrió el portón y allí se metieron el resto de los policías. relató Tolaba. "Cuando ellos abrieron empezaron a sacar a los hermanos. Hubo balas de goma, pero no hubo heridos. Éramos 40 personas de la comunidad y 250 policias que llegaron en 3 colectivos".
Este jueves el ánimo de la Comunidad Indio Colalao era de resistencia, y a pesar de lo que pasó se apostaron al lado del alambrado donde la policía montó una guardia policial, ya que el grueso del operativo ya se fue del lugar. Solicitan a las organizaciones sociales, políticas y de DDHH apoyo con plásticos, alimentos, y elementos para poder mantenerse en la asamblea ya que las temperaturas son bajas.
Los intereses
Según Cinthia Ovejero de la Comunidad Indio Colalao, los conflictos que los movilizaron “se vienen suscitando en todos los territorios de las comunidades desde hace mucho tiempo y se han recrudecido con el inicio del relevamiento territorial. En nuestra comunidad en el año 2010 se inició este proceso, y aún así se ha cerrado un camino vecinal que fue utilizado por nuestros abuelos y por nosotros siempre. El único camino que permite el acceso de vehículos”. Los habitantes de las comunidades - comuneros – no pueden ser auxiliados en casos de accidentes porque ningún vehículo -ambulancias por ejemplo- puede llegar a la zona. Denunciaron “el cierre de la escuela primaria Nº 31, por lo que hoy nuestros niños tienen que recurrir por educación a la provincia de Salta, o sea que la provincia no se está haciendo cargo de esto” y además hay “personas que se quieren apropiar de nuestro territorio, en nuestro caso son Fredy Moreno Núñez Vela perteneciente a la firma Zanja Honda y Jorge Posse perteneciente a la firma Agro Avance".
Pero el hostigamiento de los terratenientes no es nuevo. En octubre de 2010 denuncian que los terratenientes cerraron el único camino vecinal que permite el ingreso con vehículos a la zona, "llegando al extremo de pedir documento a los comuneros que atravesaban el mismo, además de enviar allí sujetos armados" manifestaron en un comunicado público. "Con esta violenta maniobra expulsaron al Delegado de Base Riarte, Benito Toledo, cuando el Juez de Paz Sr. Ciro Castro junto a la Policía de Trancas 'ordenados' por Moreno Núñez Vela, violentaron la vivienda del comunero y dejaron sus pertenencia en el Juzgado de Paz de El Jardín de la vecina provincia de Salta, a cargo del Sr. Ismael Abadía" continuaron relatando.
Fuente: ContraPunto - Prensa Alternativa
Violencia policial contra pueblos originarios
La última semana de junio, la comunidad había sufrido un "allanamiento". Desde entonces, 20 camionetas y tres colectivos policiales estaban apostados en las cercanías a la espera de la orden judicial para desalojar a los aborígenes de su territorio, que limita con la provincia de Salta.
Durante la tarde de ayer, luego de conocerse la noticia del ingreso policial a la comunidad, no se lograba comunicación directa con los comuneros. Cynthia Ovejero, vocera de la cacique María Lilia Delgado, en comunicación telefónica con radio La Retaguardia manifestó sentirse preocupada y agregó que "Los últimos mensajes que recibí desde la comunidad decían: ‘estamos en un estado de guerra, se escuchan disparos, la gente está resistiendo cuerpo a cuerpo'. En la zona no hay hospitales de alta complejidad, si le pasa algo a algún hermano no va a tener la asistencia médica necesaria".
Recién a la 0.30, AW se comunicó con Mercedes, habitante de la comunidad, quien informó que hubo "algunos enfrentamientos" con la policía pero "sin heridos graves". Agregó que la policía se había retirado durante la noche pero suponían que continuaba en la zona y que en ese momento la comunidad se encontraba en asamblea.
Trascendidos indicaron que la cacique María Lilia Delgado se presentaría en el día de hoy en la Defensoría del Pueblo y que al mediodía habría una conferencia de prensa.
DOS AÑOS DE CONSTANTE PERSECUCIÓN
Desde hace tiempo la comunidad Indio Colalao denuncia la constante y sistemática persecución por parte de los terratenientes Freddy Moreno Núñez Vela y Jorge Posse para desalojarlos de las tierras que habitan ancestralmente. Para lograrlo, les bloquearon el agua de la acequia que utilizan para riego y consumo, les impiden la siembra y les matan sus animales.
Los comuneros entienden que están frente a "un plan de expulsión" y que los latifundistas tienen el aparato policial a su disposición, a la vez que mantienen fuertes vinculaciones con el poder político de la provincia.
La comunidad denunció que la violencia recrudeció cuando en la provincia comenzó la aplicación de la ley 26.160. Desde septiembre de 2010, les cerraron, con un portón con candado, el único camino vecinal que permite el acceso con vehículos, enviaron personas armadas para controlar el ingreso y salida, llegando inclusive a pedirles el documento nacional de identidad a los comuneros.
La comunidad denunció los hechos de violencia en organismos de derechos humanos provinciales y nacionales, como el INADI Tucumán y Nacional, Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia y Nación, Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Provincia de Tucumán, Comuna de San Pedro de Colalao y ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Hasta el momento no han tenido respuesta de ningún organismo.
En un comunicado de prensa, la comunidad denunció que Moreno Núñez Vela y Jorge Posse "pretenden apropiarse de 19.000 hectáreas de monte nativo donde se encuentra la Base Riarte Norte". También informó que en el 2003, "en connivencia con la familia Prat Gay se encubrió un negociado, resultado del vaciamiento del Banco de Crédito Rural. En ese momento, el actual Diputado del ARI, Alfonso Prat Gay, presidía el Banco Central de la República Argentina, entidad que tenía como garantía el territorio Colalao por la deuda contraída por Jorge Prat Gay, resultado de sucesivos préstamos solicitados". El comunicado agrega que el territorio fue un "negociado" que "derivó en la entrega por parte del Banco Central de la Nación Argentina de nuestros hermanos que allí habitan".
A mediados de junio, tras la expulsión del territorio de Don Elías Apaza, un abuelo no vidente de 90 años, con serios problemas de salud, los comuneros marcharon por las calles de San Miguel de Tucumán para reclamar la intervención de los Estados nacional y provincial. Además, la cacique de la comunidad, María Lilia Delgado, inició una huelga de hambre y declaró a la Asamblea de la Plaza de Tucumán: "Nos están desalojando y desplazando de a poco. (...) Se hace muy dura la lucha, pero yo estoy firme aquí. Tengo muy claro que a un año de mi cacicazgo no voy a permitir que a mi gente le hagan lo que quiera el señor Freddy", en referencia al terrateniente Freddy Moreno Núñez Vela.
Fuente: Liliana Giambelluca (especial para Agencia Walsh)
Fotos: Gonzalo Avila
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