Rechazo a los fondos mineros

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) rechazó dinero proveniente de Minera La Alumbrera (el mayor yacimiento metalífero de Argentina) y, con un duro documento votado por el Consejo Superior, se sumó a otras cuatro universidades nacionales que ya explicitaron su negativa a recibir fondos de la megaminería. “Estos modelos extractivos se sustentan en la lógica desplegada por el capitalismo tardío, que a través de capitales transnacionales impulsan la megaminería y el agronegocio extractivista que afectan derechos fundamentales de las poblaciones”, afirma en sus fundamentos la Universidad de Río Cuarto, brinda su apoyo a las comunidades afectadas por el modelo extractivo y solicita al Estado nacional la revisión de las leyes de la dictadura militar y de la década del ’90 que benefician la actividad extractiva.

Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) es una empresa compuesta con la Universidad Nacional de Tucumán, el Estado catamarqueño y el Estado nacional. Tiene bajo su concesión el yacimiento Bajo La Alumbrera, explotado desde hace quince años por el consorcio suizo-canadiense Xstrata (50 por ciento), Goldcorp (37,5) y Yamana Gold (12,5), que extrae oro y cobre.


Por la ley nacional 14.771, sancionada en 1958 durante la presidencia de Arturo Frondizi, se obliga a YMAD a distribuir utilidades entre las universidades nacionales. Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, y luego durante la última dictadura militar, se modificó un artículo clave (número cinco) de la ley 14.771 y se habilitó el ingreso del capital privado y transnacional a YMAD. Ese fue el germen para que, en la actualidad, tres empresas extranjeras se queden con el 80 por ciento de las utilidades obtenidas de un recurso no renovable.

En 2009 comenzó a implementarse la distribución entre universidades y ocasionó un debate con dos aristas principales: la universidad pública financiada por el sector privado y, segundo punto, que ese dinero además provenga de una actividad cuestionada por sus aspectos ambientales, sociales y sanitarios. La UNRC ya había rechazado fondos en 2009 y 2010, pero en junio pasado votó una resolución para su rechazo definitivo. Fueron 19 votos para aprobar la resolución, cinco en contra y dos abstenciones.

“América latina es concebida como región exportadora de materia prima provocando una reconfiguración de los territorios que destruye formas culturales, estilos de vida y profundiza la dominación, en detrimento de los principios de justicia social y ambiental”, afirma la UNRC en la resolución 150 y remarca la necesidad de “acompañar alternativas de políticas socio-económicas y culturales” que permitan dejar el “carácter de región periférica-dependiente como proveedora de materias primas de los países del Norte y de las potencias emergentes”.

Desde 2008 ya son más de veinte las facultades de diversas casas de estudio de todo el país que rechazaron el dinero proveniente de Alumbrera. Y, con la UNRC, ya son cinco las universidades públicas que rechazaron los fondos: Luján, General Sarmiento, Mar del Plata y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Esta última fue la que con mayor dureza cuestionó la megaminería: “Se ha verificado empíricamente, y lo sostiene la amplia mayoría de los informes recogidos por este Consejo Superior, que la actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica la utilización de procedimientos químicos para la extracción de metales, daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades”.

La UNRC hace propios en su resolución argumentos de su vecina UNC: “Las actividades productivas de Minera La Alumbrera tienen impactos socio-ambientales de corto, mediano y largo plazo”. Destaca el alto consumo de agua (cien millones de litros por día, casi el doble del consumo de toda Catamarca), la afectación de ríos, contaminación por drenajes ácidos y la “grave e irreversible destrucción de ecosistemas”.

En su parte resolutiva, la Universidad compromete su apoyo a las comunidades del país afectadas por las “actividades extractivistas”, solicita al Estado la nacionalización de los recursos naturales y también le pide la revisión de la normativa que posibilita la megaminería transnacional. En particular, solicita la “derogación de las leyes de la dictadura militar y de la década neoliberal de los ’90 que promueven la actividad de las transnacionales en desmedro del bien público y del debilitamiento del propio Estado nacional”. La resolución le propone al Consejo Interuniversitario Nacional que “exhorte a los legisladores nacionales” a modificar el marco normativo minero.

Este año, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata cuestionaron la megaminería y el modelo agropecuario actual por sus impactos sociales, ambientales y sanitarios en las poblaciones.

Por Darío Aranda