Reclamos indígenas reprimidos
En octubre pasado murió quemado un bebé qom en el hospital de Pampa del Indio. La familia denunció que se debió a una incubadora improvisada y a mala praxis. Desde entonces se mantienen reclamos por mejoras en la atención sanitaria. Otro factor reciente de reclamo fue la decisión del gobierno de eliminar los bolsones de comida y reemplazarlos por una tarjeta alimentaria de 100 pesos mensuales. Las organizaciones cuestionan que sólo se puede comprar en tres negocios (con acusaciones por precios abusivos y ligados al poder político) y que los bolsones contenían alimentos por más de 200 pesos (el doble de lo que se puede comprar con la tarjeta).
La falta de agua fue el tercer factor de movilización. Desde hace más de un año se suman las denuncias de distribución de agua con olor, no apta para consumo. Y hace dos semanas, el gobierno anunció la cancelación de los contratos de provisión de agua en zonas rurales (que se hacía con camiones).
El Movimiento Pueblos Originarios en Lucha, la Federación Nacional Campesina (ambos nucleados en la Corriente Clasista y Combativa, CCC) y la Multisectorial de Pampa del Indio convocaron a un corte de ruta el miércoles 19 de febrero en reclamo de agua, salud y alimentos. El lugar elegido fue la Ruta Provincial 3 (a 200 kilómetros de Resistencia).
El gobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff ordenó desalojar la ruta. “No podemos permitir el corte permanente de la ruta. La democracia directa acá no existe y se gobierna por los representantes que son elegidos por el voto popular”, justificó el gobernador. A las 18 comenzó la represión. El mismo miércoles a la noche, Bacileff Ivanoff acusó a las organizaciones de haber “herido de bala a cuatro policías”. Al día siguiente, en un comunicado, la policía aumentó la cifra a 29 policías heridos. El procurador general de la provincia, Jorge Canteros, denunció que los efectivos fueron “emboscados” por los indígenas.
Las voces indígenas afirmaron todo lo contrario: 30 heridos (de bala y por contusiones). Y cinco qom detenidos. Ramona Pinay acusó al fiscal de General San Martín, José Sorabella, de provocar “un estado de sitio y cacería de indígenas; es un racista, siempre falla contra los indígenas y es público su desprecio hacia nosotros”.
Fueron detenidos los qom Enrique Tomas, Justino Cáceres, Ramón Florito, Simón González y Claudio Peñaloza. El abogado Gonzalo García Veritá denunció la “total ilegalidad” de la detención (sin orden de un juez), y el domingo 23 presentó un hábeas corpus para la inmediata liberación. El lunes 24 fue rechazado por la jueza de Garantías de General San Martín, Ana María Rubio. “No siguió el procedimiento legal que requieren los derechos básicos de una persona privada de su libertad”, cuestionó el abogado.
El mismo lunes, en declaraciones a Radio Ciudad (de Chaco), el procurador adjunto (superior de los fiscales), Miguel Fonteina, señaló que estuvo con los cinco indígenas detenidos y que éstos “deseaban continuar alojados en el lugar (en prisión)”.
En Chaco ya había sucedido una represión, el 11 de febrero pasado, a organizaciones sociales que reclamaban en Resistencia por la construcción de viviendas y planes asistenciales. El lunes 24 de febrero, el Frente Popular Darío Santillán denunció que fueron reprimidos a las puertas del Ministerio de De-sarrollo Social de Chaco.
En lo que va del año hubo ocho represiones sobre poblaciones rurales y reclamos contra el extractivismo: contra la comunidad mapuche Felipín en Neuquén, represión a indígenas en la localidad de Makallé (Chaco), a indígenas en Abra Pampa (Jujuy) por cuestionar el paso del Rally Dakar por sus territorios, a la comunidad diaguita Las Pailas (en Cachi, Salta), disparos contra campesinos en Lavalle (Mendoza) y el 24 de febrero a vecinos en Malvinas Argentinas (Córdoba) por rechazar la instalación de la empresa Monsanto.
“Agua para los pueblos originarios del Chaco”, fue el nombre de la jornada del jueves pasado, en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, donde se recolectaron alimentos y agua para las comunidades indígenas, llevada a cabo por las mismas organizaciones que habían sido reprimidas en Pampa del Indio y que estaban en alerta por la detención de los cinco qom. Ese mismo día, tras una semana presos, la Justicia liberó a los dirigentes indígenas que habían reclamado agua, salud y comida.
Por Darío Aranda
Fuente: Página/12
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GENOCIDIO SILENCIOSO, DISCRIMINACIÓN, EXPULSIÓN Y REPRESIÓN
Documento aprobado por las organizaciones
Pampa del Indio
Hace más de 500 años que las naciones indígenas vienen reclamando sus derechos, de pre existencia al Estado Nacional y derechos reconocidos por las Constituciones Nacional y Provincial, Convenios Internacionales como el de la O.I.T. y Leyes. Son kilos de papeles y miles de palabras que no se cumplen.
Las organizaciones sociales, campesino-indígenas de Pampa del Indio, Chaco, sufren cruelmente las políticas de exterminio silencioso, a cargo del gobierno nacional y provincial.
Decimos exterminio silencioso ya que este tipo de políticas tienen como fin dejar sin recursos vitales a los pueblos originarios, consiguiendo así que familias enteras dejen sus tierras y se trasladen a las villas en los centros urbanos. Teniendo como resultado la apropiación por parte de los terratenientes de las tierras que ancestralmente ocuparon las naciones indígenas y así extender el cultivo de siembra directa y los paquetes tecnológicos.
Antes fue la campaña al Gran Chaco con Victorica que costó la vida a miles de nuestros ancestros, principalmente a sus dirigentes y recluirnos en los montes. Hoy es el abandono de nuestros pueblos que no pueden cazar y pescar rodeados de alambrados, ni tampoco producir por falta de apoyo. Las muertes silenciosas son por desnutrición, tuberculosis, Mal de Chagas, enfermedades de la pobreza extrema a la que se le suma la falta de agua o las aguas contaminadas por las fumigaciones.
Como si esto fuera poco cuando reclamamos o resistimos con justas luchas por nuestras necesidades, poniéndonos de pie con dignidad, somos reprimidos, detenidos y enjuiciados como culpables. ¿Por qué no se enjuicia y detiene a los responsables de llevarnos a esta situación?.
A esto se le suma los hechos de violencia directa que sufren las comunidades qom en el territorio. Los desalojos con o sin órdenes de las tierras que ocupamos ancestralmente, tirando abajo nuestros ranchos, deteniéndonos y enjuiciándonos a “los dueños de la tierra”. La persecución y aprietes por parte del poder de policía, las muertes en supuestos accidentes como la impune muerte de Mártires López, hecho que aún hoy no es esclarecido.
Las persecuciones y muertes racistas como la de los jóvenes Imer Flores de Bermejito y a Juana Gómez de Quitilipi, ambos asesinados producto del desprecio hacia los pueblos originarios, al igual que los que aparecieron flotando en el Río Bermejo.
También los muertos en la brutal represión sufrida en Juan José Castelli, uno en forma inmediata y otro hermano al tiempo, producto de la golpiza. Son los resultados de las políticas por parte del gobierno provincial ante la exigencia de los derechos de los pueblos originarios que mostró el total abandono con la muerte del pequeño Ariel, bebé qom de Pampa del Indio, quemado por una precaria e improvisada incubadora de años, muestra del desprecio con que se atiende la Salud en nuestras comunidades.
Profundizando estas políticas, el gobernador de la provincia Bacilef Ivanoff, decide cortar los contratos de suministro de agua con las empresas de camiones que estaban a cargo de ese servicio. Cabe aclarar que la distribución de este bien común es completamente asimétrica, ya que mientras las comunidades no poseen este bien vital para la vida, existen grandes empresas amigas del gobierno como “Don Panos”, quien saca del Rio Bermejo agua para su siembra. El corte de éste suministro afecta a la zona norte de la provincia donde habitan las naciones qom y wichi, zona donde el gobierno propagandizó que le quiere entregar en arriendo 220 mil hectáreas a los Árabes en nuestros territorios.
Ante el reconocimiento de la inflación con ajuste por parte del gobierno nacional, el gobernador de la provincia Bacilef Ivanoff decide cortar el suministro de los bolsones alimentarios, pretendiendo bancarizar así la asistencia alimentaria, con un monto de 100 pesos, lo que con suerte alcanzaría sólo a dos productos de la canasta básica alimentaria. Lo que confirma una vez más las políticas de abandono y desprecio donde parece que no sólo quieren que salgamos del campo, sino que desaparezcamos.
Todo esto demuestra el incumplimiento de la medida cautelar emanada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la cual ordena a los Estados tanto Nacional y Provincial a concretar la mejora en las condiciones de vida de los pueblos indígenas del Chaco. Incumplimiento gravísimo, ya que éste dictamen reconoce las condiciones de extrema precariedad que viven las comunidades indígenas de Pampa del Indio al norte, así como también, las políticas genocidas del Estado.
En esta situación, lamentamos y nos duele profundamente la ausencia del intendente de nuestra localidad en medio de las profundas necesidades, represión, persecuciones y detenciones, cuando en épocas electorales recorre nuestras casas. Los comerciantes deben saber que con nuestras luchas hemos aportado muchos recursos que gastamos en Pampa del Indio y que si avanza el ajuste, ellos también se fundirán.
Por todo esto las organizaciones sociales, campesinas-indígenas exigen:
- Aplicación de la Medida Cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Desprocesamiento de los presos Florito Ramón. Justino Cáceres, Tomas Enrique Napoleón, Peñalosa Claudio Sabino y Simón González. Quienes fueron apresados transitando por el pueblo, sin conocimiento de la imputación y su paradero. Prácticas autoritarias e ilegales propias de las dictaduras militares.
- Desprocesamiento de los luchadores sociales, es sabido que las organizaciones sufren aprietes y se les abren causas penales sólo por reclamar sus derechos, cuando el Superior Tribunal de Justicia del Chaco dice que los cortes de ruta y de calles no son delito, sólo contravenciones.
- Juicio político al fiscal Sorabella, fiscal que siempre se ha desempeñado en su cargo público de forma discriminadora, segregando, e imputando sin pruebas a los dirigentes sociales, así como también ha frenado investigaciones y denuncias de las organizaciones sociales.
- Verdad y justicia por el asesinato del dirigente Mártires López. Causa que por medio de la lucha se ha conseguido re abrir, pero que aún hoy sigue impune.
- Suministro y distribución inmediata de agua. Exigimos el conocimiento y culminación del proyecto del acueducto que debería solucionar el suministro de agua en las zonas afectadas.
- La no bancarización de la ayuda alimentaria.
- Continuidad de los planes y equiparación al costo de la canasta básica alimentaria.
- Actualización y recomposición de los costos de los materiales necesarios para que las organizaciones sociales puedan culminar con los trabajos de construcción de viviendas.
- Cumplimiento de los compromisos firmados por el entonces gobernador Capitanich en cuestión de Salud Pública y otros.
FIRMADO ATTE POR ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS DE PAMPA DEL INDIO:
- FEDERACION NACIONAL CAMPESINA
- CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA
- UNION CAMPESINA
- PUEBLO ORIGINARIO EN LUCHA- PAMPA GRANDE
- PEQUEÑOS PRODUCTORES GAUCHITO GIL
- MOVIMIENTO SOCIAL ARROYO SECO
- COMANDANTE ANDRESITO
- MOVIMIENTO PEDRO MARTÍNEZ
- MOVIMIENTO 17 DE ABRIL
- MOVIMIENTO 12 DE OCTUBRE
- MOVIMIENTO SANTA RITA
- MOVIMIENTO MIGUELITO
- ANEXO CABITO LEIVA
- COMISION ZONAL DE TIERRA
- MOVIMIENTO SOCIAL QOM- CAMPO NUEVO
- MOVIMIENTO SOCIAL CHACO UNIDAD Y FUERZA
- MOVIMIENTO SOCIAL NUEVO RETOÑO
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