Los abajo firmantes, Sergio Alvez y Martín Sereno, somos periodistas. Ejercemos nuestra profesión en la provincia de Misiones. Y ambos estamos imputados judicialmente por la Justicia Federal, por haber realizado coberturas periodísticas de protestas sociales. En el caso de Martín Sereno fue imputado por la cobertura integral de la represión contra familias campesinas en el marco de un violento desalojo en la localidad de San Pedro, el 8 de abril de 2013. Esta cobertura permitió dar visibilidad concreta al nivel de violencia y a los severos abusos policiales (torturas) cometidos contra los campesinos, tanto en la ruta como contra varios de ellos una vez que fueron encarcelados. Días después, fue imputado por la Justicia acusado de “incitación al delito”.
En el caso de Sergio Alvez, el 5 de marzo de 2014 se encontraba realizando la cobertura del corte de ruta de la Multisectorial Sindical y Social en el puente Garupá, cuando se desató una represión que terminó con 20 detenidos. Alvez fue uno de los detenidos: se lo llevaron cuando estaba filmando la violencia policial contra los maestros y trabajadores. Ese mismo día, la Justicia Federal lo imputó en una causa judicial por violación al artículo 149 del Código Penal.
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| Alvez llevado violentamente por policías |
Lejos de victimizarnos, queremos enfáticamente advertir a las autoridades y a la opinión pública en general, sobre un clarísimo intento de criminalizar al periodismo social como método de amedrentamiento y en la evidente búsqueda de acallar las voces que reflejan las luchas sociales y los abusos del poder en Misiones.
Solicitamos a través de esta misiva, el cese del hostigamiento judicial sobre el periodismo, y responsabilizamos desde ya por nuestra integridad, al ministro de gobierno de la Provincia, Jorge Franco, principal promotor y ejecutor de la política fascista y represiva que en nuestra provincia, está cayendo por encima de los sectores que luchan por condiciones de vida más digna, y en nuestro caso, sobre el periodismo que refleja estas luchas y las formas represivas con las que el Estado las combate.
Expresamos además, nuestra total solidaridad con los docentes y los trabajadores que por estas horas se mantienen firmes en sus legítimos reclamos, aun cuando el gobierno provincial como toda respuesta apuesta al amedrentamiento, la judicialización y criminalización de la protesta social y la represión.
Basta de Criminalizar la Protesta Social.
Basta de Represión Policial.
Basta de Persecusión judicial al periodismo social.
Basta de Ajuste.
Salarios dignos y condiciones dignas de trabajo para todas y todos los habitantes de Misiones.
Sergio Alvez - Martin Sereno. Periodistas
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Otro caso, en Chaco: Llevan a juicio a una periodista por cubrir un desalojo irregular a una familia indígena
Un mundo sin periodistas
Reproducimos la nota de la Agencia Periodística Timbó (del Noroeste) sobre la situación de la periodista Diana Della Bruna, quien será llevada a juicio por la cobertura del desalojo a una familia indígena en 2010. Para los poderosos que quieren un mundo sin periodistas (o con periodistas funcionales a ellos) esta nota que expresa, además, toda la solidaridad con la compañera Diana.
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El 15 de octubre de 2010, a las 6 de la mañana, la familia indígena Adriani-Berdún, que históricamente vivió en el Paraje El Rincón de Pampa del Indio, recibió la inesperada visita de la fiscal Scarel acompañada por más de cuarenta policías. Sin previo aviso, violando lo estipulado por la Ley, se dispusieron a desalojar a la familia del predio.
La periodista Diana Della Bruna y dirigentes indígenas de diferentes organizaciones sociales, enterados de los hechos, se hicieron presentes en el lugar en conflicto, pero el desalojo había terminado. Sólo había quedado el personal policial custodiando el predio. Della Bruna registró y fotografió el diálogo entre dirigentes y policías. La intención de los movimientos sociales era que la policía se retirara del lugar, considerando que su trabajo estaba terminado y que era de extrema violencia contra la familia permanecer allí. La policía quería quedarse custodiando el lote.
Tras la discusión y sin enfrentamiento físico, la policía se retiró y los dirigentes le pidieron a la periodista que ingresara al campo a sacar fotografías de los destrozos producidos por las fuerzas de seguridad en el desalojo. Un rancho de barro derribado, los postes de un corral cortados al ras, chapas y colchones hechos un solo montón retorcido eran los restos de la casa de unos de los hermanos, que se amontonaban junto a la casa de la madre, espantada por lo que había sucedido.
Diana Della Bruna escribió entonces un artículo de denuncia sobre el hecho. Un artículo sobre lo que vio, sobre lo que pasó: “Irregularidades en intento de desalojo a una familia indígena”. Una nota que es una más sobre las violaciones a los Derechos Humanos y a los Derechos Indígenas. Una nota más sobre la flagrante violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por la Constitución Nacional. Sobre la violación al Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. Una nota sobre la violación a la Ley 26.160 de Reordenamiento Territorial, que prohíbe los desalojos a las familias indígenas.
Después le tocaría a Della Bruna recibir la notificación de que se la criminalizaba por ejercer el derecho de todo ciudadano y de todo periodista, el derecho a la libertad de expresión, amparado por el Artículo 32 de la Constitución Nacional.
El derecho a observar, registrar, informar y expresarse libremente sobre hechos que corresponden a la esfera pública. Si el accionar de los poderes que conforman nuestra República fuera reprobable, violatorio de los derechos y leyes vigentes, el deber de todo ciudadano y, más aun de todo periodista, sería denunciarlo públicamente y no ser imputado penalmente por ello. Este caso de criminalización es uno más en Argentina. Es un caso más de persecución judicial a los periodistas que buscan que el Estado de Derecho se cumpla plenamente.
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