A finales de mayo la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se pronunció a favor del levantamiento del embargo que la Justicia trabó contra activos de la petrolera Chevron en Argentina. Esta empresa, una de las más grandes del mundo, pertenece a la dinastía Rockefeller desde hace más de cien años.
“El caso reviste gravedad institucional. La traba de un embargo por un monto de 19.021.522.000 de dólares sobre los activos y, en particular, las cuentas bancarias de sujetos que desarrollan una actividad de notorio interés público, como la exploración y explotación de hidrocarburos, puede producir perjuicios irreparables”, argumentaba Gils Carbó en el dictamen enviado a la Corte Suprema de Justicia.
La postura es clara. Defender al gigante norteamericano que firmó un acuerdo con la reestatizada parcialmente YPF. Lo que no contó en el dictamen es qué tipo de explotación va a desarrollar la empresa en el país y por qué fue condenada por la Justicia ecuatoriana.
La tarde del 4 de junio, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación escucharon el pedido y, de forma unánime, revocaron el fallo que ordenaba el cumplimiento del embargo en el país. Las quejas de Chevron Argentina, del CEO de YPF, Miguel Galuccio, y de la procuradora, se hicieron oír. También el apoyo del gobierno nacional y el neuquino. Lo que nunca se escucha es el grito de los más de 30 mil indígenas ecuatorianos afectados por el accionar de esta empresa en sus territorios.
La respuesta ante semejante decisión por parte de los afectados fue instantánea. La Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), con el apoyo del Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, manifestaron un “profundo desconcierto” ante la resolución de la CSJN de levantar el embargo, “legítimamente dispuesto por el Juez Adrián Elcuj Miranda del Fuero Civil de Buenos Aires y ratificada por la Sala de Apelaciones”.
En un comunicado expresan que la acción de la Corte “permite la impunidad a una de las petroleras más cuestionadas por las violaciones a los derechos humanos, colectivos y ambientales en el mundo”, pero que tiene su “rostro más perverso en Ecuador”. También preguntaron: “¿La presión de Chevron ejercida sobre el gobierno de Neuquén, la Procuraduría de la Nación y el Estado argentino sucumbieron a los chantajes de la petrolera?”.
Amazonía negra
El por qué de la sentencia que obliga a Chevron a pagar 19 mil millones de dólares en Ecuador se remonta a los años ‘60. Como bien lo cuenta un informe del periodista Darío Aranda, en 1964, bajo una dictadura, la Junta Militar gobernante entregó en concesión a la petrolera Texaco-Gulf el oriente ecuatoriano. Texaco realizó cientos de perforaciones y construyó enormes piletas, al aire libre, con residuos tóxicos. En 1990 abandonó el país después de haber explotado petróleo durante más de dos décadas y dejar 480 mil hectáreas contaminadas.
Tres años pasaron para que un grupo de afectados denunciaran a la empresa en Nueva York por afecciones a la salud y contaminación. Al año siguiente se creó el Frente de Defensa de la Amazonía, que representa a los 30 mil afectados por Texaco. En 2001 Chevron se fusionó con Texaco, en una operación de 45 mil millones de dólares.
La Corte de Apelaciones de Nueva York envió el caso a la justicia ecuatoriana, a pedido de Chevron, según el informe, “con la condición de que la petrolera acate la decisión del tribunal de Ecuador”.
En 2010 un grueso expediente contaba con 230 mil páginas en las que se incluían más de 40 testimonios de personas afectadas; 106 informes periciales, 60 de los cuales fueron pagados por Chevron; más de 80 mil resultados químicos de muestras de suelo, aguas y sedimentos.
Además de los informes de inspección y verificación por parte del juez de la causa, 54 sitios operados por la petrolera verificaron lo que públicamente declararon funcionarios de la empresa, que se arrojaron alrededor de 16 mil millones de galones de agua tóxica a los esteros y ríos de la zona y se vertieron intencionalmente 650 mil barriles de crudo y construyeron 880 fosas sin recubrimiento que fueron depósitos de crudo y sus desechos. Ese mismo año, la multinacional acusó a los indígenas y campesinos demandantes de ser una “asociación criminal”.
Un hecho histórico se vivió el siguiente año cuando la Justicia de primera instancia encontró a Chevron culpable de contaminación y la condenó a pagar 8,6 mil millones de dólares para remediar las zonas contaminadas. Un año después el tribunal ecuatoriano confirmó la sentencia en segunda instancia y exigió que Chevron pidiera disculpas públicas a los afectados, de lo contrario se duplicaría el monto.
Chevron retiró todos sus activos de Ecuador, pero la sentencia es ejecutable en cualquier parte del mundo. En agosto de 2012, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos (provincia en la que exploraba Texaco) liquidó el total adeudado y ordenó a la empresa a pagar 19 mil millones de dólares en el término de 24 horas.
Vaca viva y fracking
A finales de 2012, Chevron e YPF firmaron un convenio para explotar el yacimiento Vaca Muerta. Después del fallo de la Corte, que “sorprendió” hasta a la empresa según Página/12, el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, anunció que el próximo 16 de julio se firmará un acuerdo definitivo para la explotación. Lo que molestaba ya no está, el camino está limpio. La presidenta rebautizó el depósito “Vaca viva”, a modo triunfalista, días atrás.
“A finales de 2012, Chevron e YPF firmaron un convenio para explotar el yacimiento Vaca Muerta”
Para extraer los hidrocarburos no convencionales se debe utilizar la fractura hidráulica o fracking, que ya es cuestionada y denunciada en varias partes del mundo. El método consiste en la inyección de toneladas de agua, arena y productos químicos tóxicos a través de una perforación. Esta mezcla se inyecta a alta presión bajo la tierra generando fracturas que dejan escapar el gas.
Para extraer el shale gas se utilizan grandes cantidades de agua, se contaminan las napas subterráneas, la tierra, los ríos, el aire y hasta puede generar pequeños sismos. Esta práctica es resistida en todo el mundo y hasta hace poco tiempo era pura exclusividad de Estados Unidos.
En Argentina, la resistencia al fracking es muy fuerte y ya una decena de municipios prohibieron estas explotaciones. Las voces que más se hacen oír son las que se ven afectadas directamente en sus territorios, como la de la comunidad mapuche Gelay Ko que lleva una lucha incansable.
“En Argentina, la resistencia al fracking es muy fuerte y ya una decena de municipios prohibieron estas explotaciones. Las voces que más se hacen oír son las que se ven afectadas directamente en sus territorios”
En el comunicado firmado por la Conaie y Pérez Esquivel se hacen algunas preguntas: “¿Qué va a pasar cuando en Argentina, un grupo organizado de aquellos considerados en situación de vulnerabilidad, para lograr justicia y dignidad, se vean obligados a demandar a una transnacional? ¿Qué garantías tienen nuestros pueblos de que se reconozcan nuestros derechos y de los territorios en los que habitamos?”.
“La Corte ha sentado jurisprudencia en contra del propio pueblo argentino, pero también del latinoamericano”, sentencian. Veinte años de lucha, con muchos juegos sucios y poder del otro lado no serán derrotados. La resistencia sigue en Ecuador, Argentina y toda Latinoamérica.
Por Fabián Chiaramello
Fuente: Cooperativa de Comunicación La Brújula
- Publicado en la edición nº 36 de SURsuelo.
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