El pasado viernes 24 de mayo, alrededor de las cinco de la madrugada, un fuerte operativo policial irrumpió en la zona conocida como Boca del Tigre y Mal Paso, al norte de la ciudad capital de Santiago del Estero, en el territorio de la comunidad Auqajkuna. Al menos 200 efectivos policiales y de Infantería, luego de ingresar ilegítimamente, atacaron con balas de goma y golpes a los miembros de la comunidad y a varios manifestantes que en ese momento dormían, dejando varios heridos, entre ellos dos niños y una mujer embarazada. Mientras tanto, las topadoras arrasaban con el monte custodiadas por la policía.
Negocio inmobiliario… Cuando la soja no es
El 18 de diciembre, a partir de un proyecto que no fue difundido ni puesto en debate público, se aprobaron dos leyes, casi de urgencia, sin tratamiento, para expropiar un terreno de 42 hectáreas. El motivo de la expropiación es un negocio inmobiliario en el que se construirán barrios en la zona norte de la ciudad, en las cercanías del barrio Aeropuerto. Entre los proyectos se encuentran barrios privados.
“Un aspecto que destacará a estas viviendas será su calidad, ya que serán tipo chalé con ladrillos vistos en el frente, tejas francesas en el techo a dos aguas y la edificación de un arco y el portón metálico de diseño para la entrada del auto, y como detalle, carpintería de aluminio. El complejo tendrá varios sectores de esparcimiento”, anunciaba con orgullo el ministro de Obras y Servicios Públicos, Argentino Cambrini al diario santiagueño El Liberal, el mismo medio que no dedicó página alguna para relatar la represión.
“Dentro de esas casi 30 familias, 23 pertenecen al pueblo Tonocoté y están reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”
Por eso, por las pretensiones del proyecto, el 23 de abril la Cámara de Diputados de la provincia amplió la expropiación a 60 hectáreas, aduciendo la necesidad de incluir terrenos para equipamiento social, comunitario, recreativo, cultural y de infraestructura. Además se pretende ampliar la costanera y avanzar en la construcción de la circunvalación.
Para llevar adelante estas obras es necesario desmontar la ribera del río Dulce y expulsar a las 27 familias que habitan esos territorios, tal como lo presagiaban meses antes del desmonte y la represión los habitantes de esas tierras. Dentro de esas casi 30 familias, 23 pertenecen al pueblo Tonocoté y están reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Algunas familias viven en esos territorios desde hace más de cuatro generaciones. Además, en medio del territorio afectado se encuentra el famoso Patio del Indio Froilán, la casa del reconocido lutier que también es un refugio para la cultura.
Un comunicado del colectivo La Voz de la Pacha anunciaba el proyecto en el contexto de un “amplio proceso de transformación del territorio urbano, que en los últimos meses avanzó a pasos agigantados” con obras como la instalación del megaestadio de fútbol y de un “tren turístico” sobre terrenos de la Reserva Natural Urbana y el Jardín Botánico, en una decisión ampliamente cuestionada.
Un patio sin entorno
El Patio del Indio Froilán es un lugar de encuentro, de fiesta, de cultura. Desde hace más de una década, los domingos, muchas personas se acercan a bailar, cantar, compartir algunas comidas, artesanías, su vida, y su cultura. Todo esto con el escenario del bosque ribereño de fondo. La naturaleza, la vida y la cultura del pueblo.
El único sitio que no será desalojado y desmontado es el Patio y todo el terreno, de poco más de una hectárea, donde habitan en total diez personas, todos de la familia del reconocido artesano. El Indio y sus hermanos son nacidos y criados en esas tierras. Además, en el Patio trabajan alrededor de 40 personas de la zona: cocinando, ofreciendo artesanías, expendiendo bebidas y acondicionando el lugar.
“El único sitio que no será desalojado y desmontado es el Patio y todo el terreno, de poco más de una hectárea, donde habitan en total diez personas, todos de la familia del Indio Froilán”
Según Teresa Castronovo, compañera del padre de los mejores bombos legüeros, Froilán González, apenas se enteraron del proyecto por una publicación en el diario salieron a pedir respuestas. “Pese a que el gobernador personalmente les aseguró por teléfono que a ellos no los desalojarían, la planificación inicial implicaba desplazar el patio y la vivienda y eliminar las 4 hectáreas de monte nativo que resguardan a modo de reserva”, dice el comunicado de La Voz de la Pacha.
En febrero, la Fundación Patio del Indio Froilán presentó un proyecto para darle un marco administrativo al área de conservación. Sin embargo, Castronovo dejó en claro que no es la solución: “El patio sin su entorno no es nada”.
Reprimir por resistir
Según informó La Voz de la Pacha, las máquinas empezaron a arrasar con los árboles y con la vida en febrero sin previo aviso. “Se iniciaron las tareas de desmonte, quema y nivelación del terreno en las inmediaciones del tradicional Patio del Indio Froilán, en un área no urbanizada a pocos kilómetros al norte del centro de Santiago. Las máquinas destruyen el bosque nativo de ribera, protegido por la Ley 26.331, perturban la vida de los pobladores y desmantelan cercos de cultivo, corrales y otras instalaciones”, alertaba el comunicado. A partir del avance del desmonte fue que las familias que ya estaban alerta se organizaron para defender sus derechos.
En el mes de marzo las máquinas seguían trabajando y en abril intensificaron su trabajo. Los primeros días de mayo las máquinas retomaron la actividad de desmonte en el sector conocido como Boca del Tigre, con un fuerte operativo policial que custodiaba topadoras. “Durante el martes 7 y el miércoles 8 se vivieron momentos de tensión cuando la empresa pretendió arremeter sobre el monte de propiedad de la familia Gómez”, enumera el comunicado.
“Para el momento de la represión, las máquinas de las empresas Conorvial y Crisar ya llevaban desmontadas y niveladas unas 30 hectáreas”
Un ejemplo es la familia Gómez con una antigüedad de 200 años en el lugar y que al igual que muchos vecinos resistían los atropellos. “Junto con sus vecinos hicieron uso del derecho legítimo de autodefensa y lograron impedir parte del avance de las máquinas. Entre tanto, los medios de comunicación no han dado a conocer el conflicto: aparecen, pero luego no publican lo que nos sucede. No es más que una historia de injusticia y resistencia como tantas otras, que ya ni siquiera es noticia”, denunciaba el comunicado una semana antes de la represión.
Durante esas semanas la situación se iba intensificando: la zona estaba sitiada por efectivos policiales que custodiaban el trabajo de las máquinas de las empresas encargadas del “proceso de urbanización”. Miembros de la comunidad y otras personas que se acercaron para solidarizarse estaban acampando en el camino al acceso a Mal Paso la noche que se dio la represión.
Para el momento de la represión, las máquinas de las empresas Conorvial y Crisar ya llevaban desmontadas y niveladas unas 30 hectáreas, siempre con gran custodia policial.
Esa madrugada fueron sorprendidos por el enorme despliegue de las fuerzas represivas del Estado que actuaron por una orden de desalojo firmada por el Juez Tarchini Saavedra que sólo mostraron después de haber disparado balas de goma y golpeado a los dueños de las tierras y a quienes se habían acercado a luchar por sus derechos.
La violenta represión dejó como saldo siete heridos, entre ellos dos niños y una mujer embarazada. Uno de los menores estaba herido en el cuerpo y en la boca recibió cinco puntos de sutura por el disparo. También hubo dos detenidos, uno de ellos miembro de la comunidad y otro representante del INAI.
“Vinieron cuando estaba todo oscuro, nos han disparado perdigones y balas de goma, tres de mis nietos tienen heridas en la cabecita y uno en el labio, a mi hija que está embarazada le han dado en la pierna”, relató desgarrada Reina Sosa, la kamachej (autoridad) de la comunidad. Sosa también se dirigió al gobernador: “Que se saque el corazón de piedra. Él no tiene corazón, tiene una piedra, porque si tuviera corazón no permitiría que vengan a balear a los chicos".
Mientras todo eso pasaba, las topadoras avanzaban sobre el poco monte que quedaba en pie, que había resistido, con la policía custodiando. Es la forma de expulsar a las comunidades, destruyendo su territorio, su medio de vida y de cultura.
Luego de la represión, la resistencia al desalojo y el desmonte seguía a pesar de la violencia. Así fue que el lunes 27 se dio una mesa de diálogo en la que asistió el gobernador Gerardo Zamora y en la que se firmó un acta con las autoridades. La comunidad reclamaba 12 hectáreas de las que les pertenecían.
En la reunión se pactó entregar cuatro manzanas y los títulos de propiedad a los miembros de la comunidad. Sólo les prometieron esa pequeña parte. Mientras tanto todo lo demás había sido arrasado. Una vez desmontado y preparado el terreno para sus intereses, se acercaron a las familias con una solución miserable. De las balas y los palos ni una palabra por parte del gobernador. Nada que festejar.
Todos los derechos vulnerados
Desde el momento en el que se aprobó en un clima de desinformación y ocultamiento el proyecto para expropiar las tierras de la comunidad se pisotearon todos los derechos del pueblo Tonocoté y de las demás familias que habitan esas tierras. Nunca hubo consulta previa o audiencia pública, ni se respetó la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan como lo contempla la Constitución Nacional en el inciso 17 del Artículo 75.
Tampoco se indemnizó previamente a los propietarios como lo indican los casos de expropiación. “Del todo tratan de dividirnos. Vienen, nos hablan a algunos, nos prometen cosas, dicen que tal o cual vecino ya ha firmado, que firmemos nosotros también. Nos confunden”, decía unos días antes Reina Sosa en un comunicado. Además agregaba: “Los vecinos iniciaron múltiples gestiones, golpearon muchas puertas, pero no obtuvieron soluciones. Sí recibieron, en cambio, amenazas de la policía y promesas inciertas de algunos políticos que alternan la intimidación con la seducción del dinero”.
“Yo no quiero plata. Me estoy muriendo en vida con esto”, sentenció la autoridad de la comunidad que junto a su familia prepara las empanadas que ofrece los domingos en el Patio del Indio Froilán. “Este es nuestro trabajo, esta es mi vida, aquí tengo mi horno, aquí tengo todo. Yo sin esto no soy nada”.
Otro atropello fue la terrible represión en la que se dispararon balas de gomas a mansalva hiriendo a niños y mujeres para defender un negocio inmobiliario. Un acto aberrante y canalla.
Además el desmonte viola la Ley de Bosques ya que afecta a Pueblos Originarios y los bosques están especialmente protegidos por estar en la ribera del río Dulce.
No es casual que Santiago del Estero sea la provincia con mayor superficie deforestada del país en los últimos años: según datos oficiales desde la sanción de la Ley de Bosques en 2008 hasta junio de 2011, en la provincia se deforestaron 399.660 hectáreas, de las cuales 195.001 hectáreas se desmontaron en la Categoría II (amarillo) y 6.719 hectáreas en la Categoría I (rojo), que no permiten desmontes.
Tampoco es casual que sea la misma provincia que en menos de un año regó su tierra con la sangre de dos campesinos miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC). En la misma provincia en la que a las fuerzas represivas del Estado no les tiembla la mano a la hora de dispararle en la cara a un chiquito para defender intereses de empresarios y políticos.
Un video en Internet fue la postal de la represión y de la resistencia del pueblo Tonocoté. Mientras una fila de policías rodea a los miembros de la comunidad que se encuentran con sus rodillas en la tierra para la máquina termine con el poco monte que quedaba, ellos gritan: “¡Viva la Pachamama!”.
Mientras Buenos Aires se preparaba para festejar la “Década Ganada”, al cumplirse diez años de gobierno kirchnerista, y el mismo día en el que se cumplía un año más de la Revolución de Mayo, el monte santiagueño era testigo nuevamente de la violencia. Y ese grito, allá, lejos, donde la vida en el cemento es muy diferente, no se escuchó. Ese grito contiene toda una lucha que no es solamente la propiedad de la tierra. Es un modo de vida, es resistir.
Por Fabián Chiaramello
Fuente: Cooperativa de Comunicación La Brújula
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