Jonathan Herrera, de 23 años, fue fusilado de tres disparos el domingo 4 de enero, cuando se encontraba trabajando, lavando coches, en la puerta de su casa en el barrio Tablada. Su vida se topó con los disparos de la Policía de Acción Táctica que iba, a balazo limpio, persiguiendo a sospechosos de cometer un robo. Aunque intentó cubrirse de los proyectiles tras un árbol, y el supuesto ladrón ya había sido reducido, Jonathan fue acribillado.
La autopsia reveló que dos de los disparos que le quitaron la vida, son de un arma calibre 9 milímetros, las pistolas reglamentarias de la policía.
“Del susto, mi hermano salió corriendo para cubrirse de los disparos y se escondió detrás del arbolito. Es imposible que haya sido el chorro, porque mientras el ladrón estaba tirado, la policía siguió disparando. Le tiraron a matar a mi hermano, lo mataron como a un perro, fue la policía”, declaró su hermana en un medio local, mientras se esperan las pericias a una cámara de seguridad próxima al lugar del hecho.
Como señalamos en septiembre pasado (Boletín nº 729, “Santa Fe, la táctica que ya conocemos”), la Policía de Acción Táctica, nueva fuerza presentada con bombos y platillos para suplir la retirada de la gendarmería de Berni, llegó para reforzar la represión en los barrios, junto a las demás fuerzas policiales provinciales ya presentes.
Coordinando en formación y “táctica” con la Policía Federal, la PAT congenia con las batallas intestinas del poder y el narcotráfico santafesino, donde traficantes, políticos y fuerzas represivas apuntan y disparan contra las barriadas populares, en pos de sostener sus nefastos negociados o para “pacificar los barrios peligrosos”.
La “acción táctica” que se disemina en los barrios obreros y populares, se manifiesta en la impunidad con la que se roban la vida de pibes como Jonathan.
URI sin jefe y record de torturas.
El vendaval de cuestionamientos hacia la Policía de Acción Táctica (PAT) no es el único problema que enfrenta el aparato represivo de la provincia de Santa Fe. Como en todos lados, cuando se suceden escándalo tras escándalo por la probada vinculación de los jefes policiales y sus responsables políticos con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado, el reemplazo de hombres y nombres es el recurso que manotean para guardar las apariencias y poder declarar a los medios “vamos a investigar hasta las últimas consecuencias”.
La primera semana de enero, el gobierno del “socialista” (¿?) Antonio Bonfatti designó al comisario Juan Pablo Garro como jefe de la Unidad Regional I de policía, que tiene jurisdicción sobre la ciudad capital y el Gran Santa Fe, ya que su antecesor, Sergio Vergara, está imputado en una causa federal iniciada por el hallazgo de un camión con 1.500 kilogramos de marihuana en la ciudad, a fines del año pasado.
Pero la designación del comisario Garro apenas si se sostuvo una semana, al término de la cual debió renunciar. Es que de inmediato salieron a la luz los antecedentes del nuevo jefe, denunciado en 2006 por utilizar frases discriminatorias y hacer comentarios racistas, además de exhibir simbología nazi en las paredes de su despacho. Causa, naturalmente, que nunca avanzó demasiado, y de la que el comisario se defendió diciendo “Todo el mundo tiene derecho a opinar”, mientras el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Gerardo Chaumont, opinó: “No vamos a iniciar una caza de brujas por hechos que ocurrieron en 2006”.
Ahora deberán elegir alguno con un legajo más prolijito, lo que calmará algunos espíritus, pero no modificará la realidad represiva de la provincia que lidera hace más de una década las estadísticas represivas. En la misma semana del “affaire Garro”, otro funcionario estatal, el defensor general Gabriel Elías Ganón, difundió los datos del registro de denuncias por torturas que lleva el Servicio Público de la Defensa provincial.
Así, según el responsable de la defensa pública en la provincia, entre el 1º de noviembre de 2013 y el 15 de diciembre de 2014, se registraron 328 denuncias de torturas. De ese total, 278 episodios fueron cometidos por policías, y el resto por gendarmería nacional. Surge del informe que no se incluyen los hechos ocurridos en cárceles por personal del servicio penitenciario, lo que sin dudas duplicaría los registros, del mismo modo que es obvio imaginar que los registrados no son todos los casos reales.
De ese total, el 80% no ha generado causa penal alguna. Del escaso 20% que ameritó una investigación, sólo en dos casos las víctimas lograron ser querellantes, y se ha dictado prisión preventiva contra los perpetradores, aunque, como siempre, no por el delito de tortura, sino usando alguna figura alternativa que disimule la responsabilidad estatal.
En Santa Fe, como en el resto del país, rige la regla establecida por el ahora ex juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, en el caso del comisario René Jesús Derecho: “En democracia, no hay tortura”.
Por Correpi
Fuente: Boletín informativo nº 746
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