Primero el petróleo

El Congreso Nacional aprobó el pacto con Repsol por la expropiación del 51 por ciento de YPF. Tres voces mapuches expusieron ante los senadores. La contaminación, el Estado que sanciona leyes y las incumple, y quién paga el costo de un supuesto progreso.

Por Darío Aranda

Denunciaron la contaminación durante años, pero siempre los desoyeron. Una década después, el Gobierno les dio la razón. La contaminación existía.

Leyes sancionadas por el Estado obligan a procedimiento de consentimiento de las comunidades indígenas en temas que los afecten. El que viola sistemáticamente esas leyes es el propio Estado.

Fueron algunos de los ejes de los voceros mapuches que estuvieron en el Congreso Nacional, cuando se debatía el acuerdo YPF-Repsol. Relataron la historia de la industria petrolera en Neuquén, los atropellos, la contaminación y la violencia.

La respuesta de los senadores fue coherente con la historia política argentina: relativizaron la contaminación, ignoraron los derechos vigentes por leyes nacionales y tratados internacionales y culparon a los propios mapuches por la pobreza reinante.

Una jornada que pasó desapercibida en las crónicas periodísticas, pero que reflejará una época al momento de escribir la historia.

Congreso Nacional

El gobierno nacional llegó a un acuerdo con Repsol por el 51 por ciento de YPF, por 5000 millones de dólares, pero requería ser refrendado por los legisladores nacionales.

Hubo trabajo en comisiones, previo a la votación en el recinto. El 18 de marzo se realizó el plenario de dos comisiones, Minería, energía y combustibles, y la de Presupuesto y hacienda. De la decena de audiencia, y dos meses que duró el debate, fue la única jornada que contó con testimonios mapuches, justamente quienes viven en los territorios de donde se extrae buena parte de los hidrocarburos.

Abrió el juego Gabriel Cherqui, werken (vocero) de la comunidad Kaxipayiñ, de Loma La Lata, donde desde hace cuarenta años operan empresas petroleras, entre ellas YPF y, durante toda la privatización, Repsol. “Vengo desde el corazón de lo que ustedes llaman Vaca Muerta”, inició su alocución y no dio muchas vueltas: “Escucho hablar de todas estas políticas de millones de dólares que hacen a la economía del país, pero también nos gustaría escuchar, dado que la misma Constitución habla, del respeto a los pueblos originarios, que se acuerden de nosotros, que existimos y que mucha gente se está muriendo”.

El clima de la audiencia comenzaba a mutar. La dirigencia política rara vez está obligada a escuchar voces críticas en vivo y en directo. Y, más extraño aún, que esas voces concurran a la sede de los senadores.

Cherqui recordó que hace catorce año que denuncian el accionar contaminante de Repsol, afirmó que tenían respaldo de estudios, informes y de la misma vivencia en el lugar. “Siempre el gobierno provincial y nacional defendió a Repsol”, recordó y relató los juicios que iniciaron contra Repsol y el viaje a España para denunciar lo que en Argentina no tenía eco. Recibió con mezcla de expectativa y desconfianza la decisión del Gobierno, en 2012, de expropiar. Los motivos oficiales habían sido la falta de inversión y el grave pasivo ambiental.

“Siempre dijimos que estábamos en contra de la explotación y no de la extracción”, definió el vocero mapuche. Los senadores se miraron sin entender la diferencia. Hasta que avanzó en la explicación: “Estamos en contra de la explotación de niños, de mujeres, de nuestra Madre Tierra. Ese progreso se ha llevado nuestras vidas”. Y detalló los casos de cáncer, malformaciones y abortos espontáneos que se repiten en la comunidad.

Pidió a los senadores que piensen en los millones de litros de agua que se contaminan cada día por la explotación hidrocarburífera, afirmó que la explotación convencional no tienen control y auguró un futuro peor con la técnica de fractura hidráulica (fracking). Remarcó que hay estudios independientes que confirman la contaminación y exhibió una botella con agua de Loma La Lata. Invitó a que los propios senadores encarguen sus estudios para confirmar la contaminación.

Preguntó si en el pacto con Repsol estaba incluida la remediación ambiental del territorio contaminado. Y marcó la contradicción de expropiar a Repsol y dar la bienvenida a Chevron.

“El gas y el combustible llega a Buenos Aires, pero las consecuencias quedan en nuestros territorios, ya no podemos tener animales ni desarrollar nuestras actividades. No hay hospitales ni escuelas. No nos están dejando una posibilidad de vida”, resumió.

Cruces

Solicitó la palabra el senador por Río Negro, Miguel Pichetto, jefe de bloque del Frente para la Victoria. Señaló que los pasivos ambientales son “más de la YPF estatal que de la empresa privada”, preguntó qué hacer con la contaminación y, sin dar tiempo a la respuesta, arremetió contra Cherqui: “Su comunidad trabaja con la actividad petrolera. Usted mismo trabaja con esa actividad, que genera un mejor nivel de vida e ingresos. No hagamos un discurso tan dramático cuando ustedes están desarrollando una actividad económica, tienen empresas que negociaron y acordaron con Repsol cuando era una empresa privada y prestaban servicios petroleros. Todo el mundo sabe. Nosotros no somos ingenuos”.

Las comunidades de Loma la Lata (Kaxipayiñ y Paynemil) nunca ocultaron sus negociaciones con las empresas petroleras. Lo que no contradice que haya legislaciones que no se cumplieron y la existencia de contaminación.

Pichetto retrucó: “Entendemos el derecho de los pueblos originarios y el reclamo de la tierra. Está todo bien con eso. Está contemplado incluso en la norma constitucional. Pero me pregunto, ¿por qué no podemos compatibilizar los intereses del país, los de los pueblos originarios, el medio ambiente y el esquema productivo que el país necesita? ¿Por qué no hacemos un discurso de más realismo? Porque la actividad petrolera en esa región ha permitido el mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad y de mucha gente que trabaja en la comunidad petrolera”.

El senador Pichetto resumió las supuestas ventajas de trabajar para petroleras: “Es una buena forma de vida. Trabajo en blanco, ingresos importantes”.

El clima de la sesión se enrareció aún más. Unos de las principales voces del gobierno nacional arremetiendo contra un dirigente mapuche.

Cherqui le respondió que la avanzada empresaria y gubernamental no le dejaba otra posibilidad que, para sobrevivir, negociar y trabajar para las petroleras. Recordó que su pueblo siempre vivió de la cría de animales.

Pichetto insistió en que trabajar para las petroleras era mejor y volvió a la carga de la peor manera, hiriente: “Con la economía pastoril se morían de hambre”.

La senadora por Córdoba Norma Morandini (Frente Cívico) cuestionó que se descalifique a quien habla y que no se refieran al tema en cuestión. “Que el señor (Cherqui) venga a dar testimonio y que trabaje para YPF no invalida el testimonio que nos da”, reclamó.

La legisladora por Río Negro Magdalena Odarda (Coalición Cívica, ARI) señaló que algunos de sus pares habían realizado tareas de inteligencia sobre los dirigentes mapuches y le respondió a Pichetto. “Es cierto que están las convenciones internacionales, los derechos, la Constitución, pero lo importante es que se cumpla. Todos sabemos que están, pero no se cumplen”. Y ejemplificó con el Convenio 169 de la OIT, que garantiza el derecho a la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas y que el Estado viola sistemáticamente.

Cerró Cherqui. Agradeció la posibilidad de hablar y devolvió gentilezas a Pichetto: “Estamos acostumbrados a la discriminación desde hace muchos años, pero lo único de lo que estamos seguros es que vivimos en ese espacio desde antes que esto fuera la Argentina. Seguimos viviendo y vamos a vivir por años, y vamos a morir en ese lugar”.

Segundo tiempo

Aún restaban las palabras de dos dirigentes mapuches, y el senador por Neuquén Marcelo Fuentes (Frente para la Victoria) pidió la palabra. Comenzó a leer un informe de YPF que daba cuenta del aumento de la inversión en remediación ambiental y afirmó que el monitoreo de aguas y ríos de Loma La Lata “muestran que no existen concentraciones cuantificables de hidrocarburos en las aguas en 2013. En las aguas superficiales, en ninguna de las muestras de agua. Tampoco fueron detectados metales pesados en ninguna de las muestras de agua”. Señaló como fuente de estudios a la consultora BFU y el laboratorio Induser.

Dio cuenta de una situación casi ideal. Pero no hizo públicos esos estudios.

Reconoció que “durante décadas” la YPF estatal arrojó el agua contaminada directamente a los ríos, pero argumentó que con la reforma constitucional de 1994 comenzó a cambiar esa situación. “Hoy tenemos la garantía de una administración nacional al frente de YPF, que tiene como uno de los objetivos principales el recupero de los daños sufridos”, sostuvo y, al igual que Pichetto, también apuntó contra los mapuches: “Acá informa YPF que desde 2013 los aportes a la comunidad Kaxipayiñ para mejorar la calidad de vida fueron más de 2.700 millones de pesos”.

La abultada cifra llamó la atención. 2.700 millones de pesos es mayor al presupuesto anual del Ministerio de Industria (1.500 millones) y del Ministerio de Turismo (1.300 millones).

Tres semanas después, el senador Fuentes aclaró en el diario Río Negro que el monto de dinero era 2,7 millones de pesos: el 0,1 por ciento de lo que había afirmado en el Senado Nacional.

Mari mari kom pu ce (buenas tardes a todos)

Martín Velázquez Maliqueo, representante de la comunidad Winkul Newen de Neuquén, a treinta kilómetros de Zapala. Comenzó saludando en idioma: “Mari mari kom pu ce. Buenas tardes a todos”.

Señaló que existen comunidades beneficiadas por la actividad hidrocarburífera, pero remarcó que no es el caso de todas. Y precisó que existen más de veinte comunidades mapuches asentadas sobre la formación Vaca Muerta. Y apuntó a la expropiación del 51 por ciento de YPF y el pago a la empresa española. “Repsol es una firma que tanto daño nos ha causado hacia el interior de nuestro pueblo. Una empresa ceñida de muerte cultural, contaminación, corrupción, pobreza, marginación, manipulación de gobiernos dóciles, una Justicia encargada de brindarle seguridad jurídica, impunidad para cometer tales homicidios a nuestros Wallmapu territorio. Hoy, este Gobierno pretende avanzar con la destrucción de los espacios que aún están libres de contaminación con el pretexto de explotar la formación Vaca Muerta para mantener el autoabastecimiento local. ¿Local para quienes? Si como población mapuche que vivimos en estos territorios afectados estamos empobrecidos, condenados a muerte por la grave contaminación a la que estamos expuestos”, arrancó Maliqueo.

Explicó que en los territorios con explotación petrolera se repiten enfermedades por contaminación, y  afirmó que los habitantes no están muriendo por vejez. Recordó a la lonko Cristina Linkopan, de la comunidad Gelay Ko, que falleció a los 30 años por una hipertensión pulmonar. “No se pueden negociar los activos de una multinacional obviando los pasivos de una gran deuda cultural y ambiental que deja esta petrolera en nuestro territorio sin saldar”, reclamó.

Solicitó al Senado Nacional la cuantificación de los pasivos de YPF-Repsol, denunció que el gobierno neuquino avanza en los territorios indígena con criminalización de quienes resisten y, mirando a los ojos a los senadores, les reprochó que (con el accionar de los tres poderes del Estado) “se está violando el derecho al consentimiento libre, previo e informado” como lo establece la ley nacional 24.071 y los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de los cuales el Estado es signatario. “Exigimos a este Congreso que se pronuncie por la aplicación de este derecho. Exigimos una reparación completa e inmediata de nuestros territorios afectados y el desprocesamiento ya de nuestras autoridades mapuches procesadas”, instó.

Graficó que el petróleo se explota en el patio de las casas mapuches y no en las viviendas de los senadores, diputados o del gobernador. “Nuestro territorio es el que está siendo contaminado, que es donde tenemos el futuro de nuestros niños. Por eso exigimos el respeto a nuestros derechos a una legislación que nos ampara. Exigimos que los derechos sean aplicados con plena participación de los directos afectados que somos nosotros, el Pueblo Mapuche”, sostuvo Maliqueo.

Y finalizó como había comenzando, en idioma mapuche: “¡Marici weu, marici weu!”. Grito de lucha y resistencia que significa “diez veces venceremos”.

Leyes incumplidas
Nylo Cayuqueo es un histórico dirigente indígena de Argentina. Militante desde la década del 70, vive en Los Toldos y forma parte de la mesa de PPOO de Buenos Aires.

Cayuqueo volvió sobre algo tan evidente como incumplido: “El Estado no cumple las leyes y convenios internacionales que firmó”. Y le preguntó a los senadores si habían leído el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que el Gobierno argentino se comprometió a cumplir.

Nadie le respondió.

“Están violando las propias leyes que el Estado argentino firmó y se comprometió a cumplir, con la excusa de que tienen mayoría en el Congreso y que los votó el 54 por ciento pueden hacer lo que quieran y lo están haciendo de hecho”, denunció y apuntó que el Gobierno, mediante el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) manipula y divide comunidades. “A los que están a favor del Gobierno les da dinero, hacen reuniones en hoteles cinco estrellas para que digan que todo está bien, para que digan que la explotación de petróleo y de gas los va a beneficiar y que van a tener trabajo”.

Precisó que la leyes obligan al Estado a consultar a las comunidades, alertó que la contaminación petrolera afecta a toda la población y apuntó a la democracia representativa: “No es democracia para nosotros”, reprochó y recordó que ningún Gobierno realizó la reparación histórica por el genocidio sobre el que se fundó el Estado argentino, cometido contra los pueblos indígenas.

La senadora Liliana Negre de Alonso (PJ de San Luis) preguntó si era posible trasladar a las comunidades mapuches a otros territorios, no afectados por la extracción petrolera.

Le respondió su par de Río Negro, Odarda: “Jamás se puede permitir como una solución al conflicto el traslado de las comunidades indígenas de su territorio a cualquier otro lugar. Esa fue quizás la metodología que se utilizó en la época del genocidio del General Roca, de expulsar a las comunidades mapuches a lugares donde no tenían agua, donde no tenían manera de vivir dignamente, a los lugares más pobres de nuestro territorio patagónico. Hoy es una metodología utilizada por las grandes empresas, no es una solución. La solución es otorgarles sus derechos y dejar que opten por su forma de vida, la que ellos elijan, porque eso es parte de nuestra legislación que así lo garantiza, sobre todo la Constitución Nacional”.

Completó Cayuqueo: “Esto tiene que ver con la concepción que a veces existe acá, la concepción muy europea, de que trasladamos a esta gente a otro lugar”. Explicó que en los territorios indígenas están los cementerios, los sitios sagrados. Y reiteró: “Por eso dije que hay que leer los convenios internacionales, con los cuales el gobierno argentino se comprometió a cumplir, como el Convenio 169, que habla de eso, de que no se puede trasladar, sino dar incluso más tierras de las que poseen para tener una vida más digna. Y eso está en las leyes y el Estado argentino lo sigue violando impunemente”.

Epílogo

Ocho días después, el 26 de marzo, el Senado Nacional votó el pacto con Repsol. Con apoyo del Frente para la Victoria, el Frente Cívico de Santiago del Estero y el Movimiento Popular Neuquino. 42 votos a favor y 18 en contra (UCR, FAP y UNEN). El PRO y el Peronismo Federal se abstuvieron.

El 23 de abril fue el turno de los diputados. 135 votos a favor, 59 negativos y 42 abstenciones.

5000 millones de dólares para la empresa española.

La amplía mayoría de los legisladores priorizó la necesidad de petróleo, la decisión de cerrar conflictos comerciales y así avanzar en la explotación de Vaca Muerta, con corporaciones similares a Repsol.

Se dejaron de lado los pasivos ambientales y, en una línea de coherencia histórica del Estado argentino, ignoraron los derechos de los pueblos indígenas.

Fuente: ODHPI