La Argentina según Monsanto. Consideraciones y advertencias de una realidad jurídica invisibilizada.

Por Juan Ignacio Pereyra Queles (UNLP), Fabricio Fernandez Urricelqui (UNLP) y Fernando Cabaleiro (UBA)

I.- Exordio

La agrobiotecnología en el orden jurídico argentino en relación a la liberación de semillas modificadas genéticamente (organo vegetal genéticamente modificado - OVGM) comienza a tener relevancia recién con la vigencia del Decreto n° 2.183 a partir del 21 octubre 1991 que aprueba una nueva reglamentación de la Ley de Semillas (20.247), derogando las anteriores reglamentaciones. Posteriormente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca crea la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) -Resolución n° 124 del 24 de octubre de 1991 designándola como autoridad de control en la ejecución de planes y políticas en materia de tecnología agropecuaria agroindustrial.

No obstante, el inicio concreto de la agrobiotecnologia a gran escala se da a partir del año 1996 con la aprobación comercial del primer evento de transformación genética vegetal a favor de la empresa Nidera S. A. denominado 40-3-2 en soja con tolerancia al glifosato. (1)

Crónica de un desastre anunciado

A mediados de junio se registraron lluvias intensas al sur de Brasil. Las fuertes crecidas de los ríos Iguazú y Paraná alertaron a varias provincias y hasta obligaron al complejo turístico de las Cataratas a cerrar algunas de sus pasarelas y cancelar tours. La represa Yacyretá se vio desbordada. La situación fue empeorando al pasar los días y al aumentar el caudal de forma acelerada para la última semana del mes. Por las inundaciones hubo evacuados en varias localidades y asentamientos. - Entrevista con el ingeniero en Recursos Hídricos, Elvio Omar Cano.

Para contrarrestar los análisis y opiniones reduccionistas que señalan a las fuertes lluvias como único factor determinante de la situación, SURsuelo dialogó con el ingeniero en Recursos Hídricos, Elvio Omar Cano, que lleva más de tres décadas trabajando en el tema, especialmente en el norte de Santa Fe y Chaco.
Cano comenzó relatando que en el Iguazú se dieron lluvias excepcionales concentradas: “Esto es producto de la naturaleza, pero nosotros abajo hicimos lo nuestro”. A lo que hace referencia es a lo que define como una “conjunción de factores” que empeoran la situación.

Según explicó el ingeniero, el agua de las cuencas de los campos es la que baja y se concentra en su salida, que es el río, provocando las crecidas. “Como se sigue desmontando, asfaltando y sacando verdes, se acelera todo”, dijo. Asimismo, hizo un paralelismo con la situación que vivieron las ciudades de Buenos Aires y La Plata a principios de año.

La Justicia falla a favor del delito

La Justicia argentina falló a favor de Chevron y levantó el embargo que la empresa tenía en el país. Ésta fue condenada en Ecuador por contaminación y la sentencia es ejecutable en cualquier parte del mundo. La respuesta de los 30 mil indígenas y campesinos afectados llegó rápido. La presión por el acuerdo que la petrolera norteamericana firmó con YPF apuró la decisión. El próximo 16 de julio se firmará un "acuerdo definitivo" para explotar el yacimiento Vaca Muerta mediante la técnica del fracking. Este método extractivo es resistido en todo el mundo y en Argentina la lucha crece día a día.

A finales de mayo la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se pronunció a favor del levantamiento del embargo que la Justicia trabó contra activos de la petrolera Chevron en Argentina. Esta empresa, una de las más grandes del mundo, pertenece a la dinastía Rockefeller desde hace más de cien años.

“El caso reviste gravedad institucional. La traba de un embargo por un monto de 19.021.522.000 de dólares sobre los activos y, en particular, las cuentas bancarias de sujetos que desarrollan una actividad de notorio interés público, como la exploración y explotación de hidrocarburos, puede producir perjuicios irreparables”, argumentaba Gils Carbó en el dictamen enviado a la Corte Suprema de Justicia.

La postura es clara. Defender al gigante norteamericano que firmó un acuerdo con la reestatizada parcialmente YPF. Lo que no contó en el dictamen es qué tipo de explotación va a desarrollar la empresa en el país y por qué fue condenada por la Justicia ecuatoriana.