La inflación está en el centro del debate económico, social y político en la Argentina.
Es una realidad de la cotidianeidad, no solo por el aumento de los precios a los veraneantes, o las ofertas que aparecen en zonas turísticas, sino por el costo de vida crecientemente verificado en cualquier caja donde se cancelan compras o consumos de bienes y servicios.
La suba de precios oscila entre el 10,8% que registra el INDEC para el 2012 y la estimación de variadas organizaciones sindicales que discuten actualizaciones para el 2013 sobre la base de una variación de precios del año que pasó, que fluctúa entre 20 y 30%. Nadie tiene registros exactos, y el único en condición de resolver el asunto, mal que pese, es el organismo oficial. Tal como reclaman los trabajadores del INDEC, se impone su normalización inmediata.
El fenómeno inflacionario ya no se discute, el problema es la esencia
Los precios suben y los ingresos populares no alcanzan. Es una situación que genera insatisfacción y habilita conflictos en la disputa por la apropiación de la renta y la riqueza socialmente creada.
Confirma el diagnóstico de la inflación los dichos de la Presidente cuando alude a una campaña contra los empresarios que suben los precios y convoca a “hacerles el vacío para que reaccionen”. Ello supone pensar que los fijadores de precios pueden reaccionar reduciendo los precios.
El mensaje presidencial está dirigido a los consumidores para que se auto defiendan en el mercado, para que no compren, o cambien de proveedor, aunque resulta complejo mutar de proveedor de servicios esenciales cuyas tarifas se vienen adecuando en el último tiempo: electricidad, transporte y otros. Es inimaginable, vía abstención del consumo, la reducción de los peajes, de los boletos de transporte, de las tasas de interés, de los alquileres, de la electricidad u otras tarifas de servicios públicos, o de los alimentos de consumo cotidiano; ni hablar de los medicamentos y otros muchos gastos cotidianos, entre ellos las acrecidas tasas municipales o los impuestos provinciales.
¿Cómo hacer el vacío ante tamaña diversidad? ¿Alcanza con el accionar selectivo de los consumidores? Es algo que ya se probó sin éxito en el historial de la inflación local. El tema es más complejo. ¿Quién fija los precios, en la Argentina y en el mundo? La respuesta está en la combinación del “Mercado” y el “Estado”, adicionando que el mercado actúa nacional, regional y mundialmente. En todos los casos es una cuestión de poder, sea en el mercado o en el estado, de poder fijar precios, de potestad para imponer precios, de ocupar posiciones que permiten vender bienes y servicios a esos precios elevados.
Es cierto que los precios se modifican por circunstancias globales que inciden en los importes en que se comercian las materias primas y los alimentos, tanto como en las variaciones del tipo de cambio, que es también un precio, el de las divisas contra una moneda nacional.
Argentina no define las correcciones cambiarias entre el dólar, el euro, el yen, el yuan, o el real, más allá de la existencia o no de una guerra monetaria, como algunos precisan en la coyuntura. No solo no decide, sino que sufre las devaluaciones (dólar, p.e.) o las apreciaciones (real, p.e.), las que se establecen con relativa soberanía, según sea el poder y la capacidad de dominación de cada país.
Nuestro país no define, sino parcial y limitadamente el precio de la soja, del trigo, el maíz, o el girasol; mucho menos el precio del oro y otros minerales que se extraen y exportan crecientemente.
Es el capitalismo y su forma de manifestación contemporánea el que establece cierta norma de precios globales, gravosa en la cuenta de los países importadores de alimentos, entre ellos Haití y otras naciones empobrecidas. En el fondo está la teoría del valor, siendo su esencia el trabajo socialmente necesario.
Pero no todos los países manifiestan del mismo modo las variaciones globales de precios, ya que existen los Estados nacionales y sus “políticas económicas” para mediar e intervenir en el mercado de compra venta, local, regional, o del mundo. Insistamos, el “Estado” con su política económica, no los consumidores con la abstención de compra. Los Estados y sus políticas pueden ser más ó menos eficientes en cumplir determinados objetivos.
Respecto de la política económica y la intervención estatal, ese fue y es el sentido de las retenciones a las exportaciones de comodities, que tampoco aplican todos los Estados nacionales. Es que no solo se trata de imposiciones a las exportaciones, sino también del uso de esa recaudación, algo escasamente discutido en el conflicto del 2008 y más acá. Buena parte de los recursos públicos se esterilizan en las cancelaciones regulares de la deuda pública, principalmente de los gravosos intereses de una deuda impagable y en crecimiento, pese al desendeudamiento.
Lo que está en discusión es la política económica, en este caso con foco en la lucha antiinflacionaria. Claro que la política económica se asocia o subordina al tipo de sociedad que se pretende, favorable o no al régimen del capital. En este sentido resulta imposible la autonomía “en” o “del” capitalismo. ¿Es posible ir contra el capitalismo? Ese es el debate en la región e incluso en el mundo, y en rigor, muy pocos formulan ese objetivo, más instalado en el movimiento popular que en instancias gubernamentales, salvo excepciones como Cuba, Venezuela, Bolivia, y pare de contar.
La primera consideración de importancia entonces, es el reconocimiento del fenómeno, que aparece en el discurso presidencial y no se compadece con los antecedentes recientes y menos con la medición oficial registrada por el INDEC. En el mismo sentido pareció aludir el Secretario de Comercio al anticipar un tipo de cambio cercano a $6 para fines del 2013, lo que significa una previsión de ajuste de precios (tipo de cambio) del 20% para el presente año, lejano de los valores previstos en el Presupuesto votado en el Congreso, e incluso del plan monetario y cambiario del BCRA. Varios voceros del gobierno salieron a desmentir al Secretario, entre ellos nada menos que el Vice Presidente.
