Hace poco más de un año (el 12 de octubre de 2011) presenté mi libro “El Mal-El Modelo K y la Barrick Gold. Amos y servidores en el saqueo de la Argentina”. No era el momento más oportuno: se sabía ya que Cristina Fernández de Kirchner iba a ganar por aplastante mayoría once días después. Y el 23 de octubre se efectivizó el aluvión de votos esperado o temido: el famoso 54 por ciento, que generó en la Presidenta y sus seguidores la convicción de que todo era posible, que no había limites ni controles para el poder administrador.
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| David Rockefeller y CFK |
Luego vino el silencio.
Alguien más astuto que los alcahuetes de siempre bajó la orden, tanto en el plano público como en el privado: “no le contesten”.
Y no me contestaron.
Acudí ante la justicia y acusé por tráfico de influencias a la Presidenta; al Secretario de Minería, Jorge Mayoral; al Secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezzoa; al gobernador de San Juan José Luis Gioja; al senador César Ambrosio Gioja y a otros funcionarios de menor rango.
Silencio de radio.
Figuras egipcias ignorándome de perfil.
En reuniones internacionales de intelectuales progresistas tuve que soportar cómo algunos sicofantes K (de los que eran antikirchneristas cuando yo defendía al ignoto Néstor) me revoleaban por la cabeza el 54 por ciento.
No faltó algún ex amigo mexicano que se atreviera a provocarme: “me han dicho que te hiciste de derecha”. Un argenmex, colaborador de La Jornada, llegó a recomendarme el Gerovital 3 de la doctora Aslan. En efecto, en aquellos días de soberbia postelectoral sólo un viejo gagá podía atreverse a discutir el carácter revolucionario, nacional, popular, democrático y progresista del Modelo K. Sólo un socio minoritario de Mauricio Macri podía atreverse a ponerle límites temporales y espaciales al gobierno de Cristina, santificado desde un cielo de historieta por el Presidente Eternauta, el finado Néstor Kirchner.
A solamente un año de distancia, lo que podía parecer ensañamiento crítico, crudeza verbal innecesaria o resentimiento de antiguo aliado, se ha quedado corto ante los cuestionamientos masivos que recibe la soberbia autoritaria de CFK y sus corifeos. Un verdadero aluvión de bronca, que inquieta al crítico responsable cuando se toma en cuenta que el gobierno de Cristina debe llegar hasta diciembre del 2015. Y se advierte que la monarquía saudita de Olivos, en vez de dialogar o al menos escuchar, reacciona insultando a los disidentes. Como acaba de hacer con la CGT de Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli, a quienes acusa de ser los autores intelectuales de los violentos saqueos de los días 19 y 20 de diciembre.
Antes había descalificado las grandes movilizaciones del 13 de setiembre y del 8 de noviembre, como expresiones golpistas, “destituyentes”, sólo acompañadas por pequeños grupos de señoras gordas y caceroleras. Una respuesta grosera de este estalinismo de cabotaje, frente a muchedumbres que se contaron por cientos de miles de personas, incluyendo muchos ciudadanos que votaron por Cristina y en menos de un año comenzaron a deshojar el mítico 54 por ciento.
Si esas dos grandes manifestaciones revelaron que la paciencia de los sectores medios urbanos se había colmado, la primera huelga general del 19 de noviembre –de singular acatamiento nacional- demostró que gran parte de la clase trabajadora (mayoritariamente peronista) le reclamaba con dureza a un gobierno de su mismo color. Nuevamente los exégetas del régimen salieron a negar la realidad: la huelga había sido acatada de manera generalizada en todo el territorio nacional porque los trabajadores no habían podido concurrir a sus puestos debido a la intimidación de los piquetes. Ignorantes de la historia del movimiento obrero, recién llegados al peronismo como son varios funcionarios procedentes de la UCD, entre los que destaca el vicepresidente Amado Boudou, no saben que el piquete se usaba en las fábricas cuando había fábricas y que se mudó a las calles cuando las fábricas cerraron. Más legítimo, imposible. Calificarlo como un método subversivo, de clara “intención política”, implica repetir lo que dijeron históricamente todos los funcionarios represivos de las distintas dictaduras militares que asolaron a nuestro país, cada vez que los dirigentes sindicales llamaban a un paro.
En su afán por tapar o desvirtuar todo aquello que contradiga el relato oficial, los corifeos agregaron un argumento que se les vuelve en contra: la CGT de Moyano y la CTA de Michelli son minoritarias y tienen su contrapartida mayoritaria en la CGT de los “Gordos”, donde militan ex agentes de la dictadura militar como Gerardo Martínez de la UOCRA y en la CTA de Hugo Yasky, al que su propio gremio docente ya no le hace caso. Lo endeble de esta “mayoría” cuestionable y fugaz que esgrime el gobierno, se manifestó con claridad cuando la CGT pretendidamente oficialista, que conduce el metalúrgico Antonio Caló, se solidarizó con Moyano y Micheli, frente a las irresponsables acusaciones que los presentaron como autores de los saqueos. Es que la CGT de los Gordos está integrada por burócratas, pero no por idiotas y los burócratas han entendido que sus bases acataron el paro dispuesto por sus rivales porque los salarios están limados por una inflación cercana al 30 por ciento anual y acotados por un gobierno que se niega a incrementarlos o a otorgar compensaciones.
Mientras la dirigencia sindical toma nota de la situación que padece la clase obrera activa, con injustos gravámenes al salario como el impuesto sobre las ganancias, la clase pasiva sigue soportando haberes mínimos miserables que se ubican muy lejos del 82 por ciento móvil y violan, por tanto, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Cuatro millones de jubilados sobremueren con menos de dos mil pesos mensuales y un millón aguarda que una acordada de la Corte Suprema extienda el fallo Badaro y les otorguen aumentos sustanciales que les eviten la clásica demanda contra el ANSES. En total hay 534.000 juicios promovidos por jubilados, de los cuales 330 mil están activos. Este año hubo 90 mil demandas nuevas, que en su gran mayoría son apeladas por el organismo que debería proteger a los jubilados y en realidad hace tiempo esperando que se mueran.. La Presidenta, sacando a luz su verdadera ideología, calificó como “caranchos” y “buitres” a los que pretenden cobrar lo que les pertenece después de haber trabajado toda una vida. Es curioso, porque su propia madre le ganó un juicio al ANSES.
Para que el gobierno quedara huérfano de apoyo social, faltaba solamente un sector de la sociedad: los indigentes. Los expulsados por el neoliberalismo de los noventa, que persisten en su terrible marginalidad a pesar de la tan cacareada integración social de la que presume CFK. Y los condenados de la tierra, teledirigidos o espontáneos (poco importa para lo que se pretende demostrar) también se pusieron de manifiesto con feroces saqueos en 300 comercios de 40 ciudades, que produjeron dos muertes en Rosario. La coincidencia de la irrupción con la fecha histórica del 20 de diciembre, alentó la fabricación de teorías conspirativas, como las evacuadas por el Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el Secretario de Seguridad, teniente coronel médico Sergio Berni, atribuyendo a Moyano y Michelli la responsabilidad por el asalto a los comercios y supermercados.
Nadie en el universo K, ni siquiera los filósofos bien retribuidos que forman la coraza intelectual del modelo, se atrevieron a seguir el consejo de Hegel y pensar “en contra”. Nadie pudo explicar como ese sector, protagonista y víctima del proyecto clientelar del Frente para la Victoria-PJ, hizo sonar la campana de alarma como lo suelen hacer los desaparecidos sociales, con una violencia “vandálica” que los torna inevitablemente visibles para los bien digeridos.
Ninguno de los escribas a sueldo del oficialismo alcanzó siquiera a vincular el fenómeno con uno de sus disparadores más evidentes: estas fiestas consumistas donde hasta Jesucristo cambia el pesebre por el shoping. “¿Porqué ellos sí y nosotros no?”, propone el resentimiento causado por la diferencia sideral de los ingresos que sigue imperando en la Argentina, tras casi una década de crecimiento “asiático” y una caja de 500 mil millones de dólares, que en vez de servir para reindustrializar el país, se licuaron en planes asistencialistas, en un engorde proselitista de la planta del estado, en la promoción de toda clase de ñoquis y paracaidistas. Algunos con la marca de fábrica de La Cámpora y sueldos verdaderamente orientales para los comisarios políticos que controlan la televisión pública, Aerolíneas Argentinas, Repsol-YPF y cualquier otra de las pseudonacionalizaciones que suelen decidirse –casualmente- cuando el vicepresidente Amado sufre algún revés en la causa Ciccone.
Aumentadas y difundidas por el afán proselitista de periodistas del extranjero vinculados a ciertas estratégicas embajadas argentinas, esas “nacionalizaciones” presentan a la administración de CFK como un gobierno “revolucionario” que libra una gesta antimperialista y no puede por tanto ser cuestionado más que por la derecha conservadora y por algunos pocos “camaradas de ruta de la derecha” procedentes de la ultraizquierda o, peor aún, por “traidores al kirchnerismo”, como sería –a juicio de los corifeos- el autor de esta nota.
Nada más alejado de la realidad que esa imagen idílica, según la cual Cristina habría emulado a Lázaro Cárdenas en la nacionalización del petróleo.
La verdad de la milanesa
La expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF-Repsol, en manos de la corporación ibérica del mismo nombre, decidida por el gobierno en abril de este año y ratificada por el Congreso el 3 de mayo pasado, escondía un dato clave que anticipé en “El Mal”: el vínculo espurio de la Presidenta con el megamillonario David Rockefeller, fundador del Council of the Americas y socio mayoritario de José Alfredo “Joe” Martínez de Hoz, el superministro de la última dictadura militar.
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| 1979. 'Joe' Martínez de Hoz, David Rockefeller y Jorge Rafael Videla |
Detrás de esa medida “nacionalista” se ocultaba la decisión de cambiar el imperialismo del chorizo cantimpalo por el verdadero imperialismo: el que controla desde hace más de doscientos años Wall Street y la City de Londres.
El miércoles 19 de diciembre último, en Houston (Texas), Miguel Gallucio (CEO de YPF) y Ali Moshiri (CEO de Chevron para América Latina) cerraron un acuerdo por el cual se concede a esta última corporación el “derecho exclusivo” para explotar las áreas “Loma de la Lata Norte” y “Loma Campana” en Neuquén. Chevron, donde trabajaba la buena de Condoleezza Rice, invertirá inicialmente mil millones de dólares para desarrollar cien pozos petrolíferos y gasíferos no convencionales. Pero si avanzan los acuerdos –como avanzarán, ley antiterrorista mediante- YPF le transferirá a Chevron dos áreas de 290 mil kilómetros cuadrados en la mítica Vaca Muerta, para obtener shale oil y shale gas, mediante el temible fraking, una nueva tecnología extractiva mucho más contaminante que la megaminería a cielo abierto.
Si la cosa prospera, a pesar de los incómodos ambientalistas argentinos, que resisten heroicamente la represión en decenas de bastiones como Famatina y Andalgalá y los aún más incómodos indígenas ecuatorianos, la inversión de Chevron puede alcanzar los 15 mil millones de dólares.
En Ecuador, Chevron-Texaco ha sido condenada en segunda instancia por causar gravísimos daños ambientales en una región de dos millones de hectáreas. Entre otros cargos se comprobó que la corporación arrojó 64 mil millones de litros de agua tóxica utilizada en la extracción de crudo a esteros y ríos de la zona, afectando el territorio, los cultivos, los animales y la vida de diversos pueblos originarios. La causa judicial fue promovida por 30 mil ecuatorianos amazónicos, entre los que se cuentan indígenas y colonos organizados en la “Asamblea de Afectados por Texaco”.
La sentencia en Ecuador tuvo una consecuencia judicial impensada en Argentina, donde el juez civil Adrián Elcuj Miranda se solidarizó con la condena en Ecuador y dispuso un embargo sobre bienes y créditos de Chevron Argentina SA hasta alcanzar la suma de 19.552 millones de dólares. (Los activos de Chevron Argentina están valuados en dos mil millones de dólares). La filial argentina argumenta (obviamente) que no tiene nada que ver con Chevron-Texaco de Ecuador y que esta terminó sus operaciones en aquel país en 1990. Es sugestivo que, pese al embargo, se avanzara hasta el acuerdo entre Gallucio y el jefe latinoamericano de Chevron. Las presiones en Argentina para que el embargo no se aplique ya están a la orden del día: el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag y el secretario general del sindicato petrolero de la zona, Guillermo Pereyra, ya se presentaron en la causa como “Amicus curiae”. Que no significa amigos de la guita, sino apoyos al querellado.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa visitó la Argentina el 4 de diciembre último y abogó ante CFK para que se cumpla el embargo. Como respuesta, su aliada envió a Gallucio a Houston para cerrar un primer acuerdo con Chevron.
Ahora bien: ¿qué es Chevron?. Wikipedia lo revela sin ambages: “Es una empresa petrolera estadounidense constituida en 1911 en California, tras la disolución del trust (“Corpo”) Standard Oil, bajo el nombre Standard Oil of California. En un período de más de cuarenta años, John D. Rockefeller llevó a la Standard Oil a ser la compañía más grande del mundo por mucho tiempo”.
En “El Mal” dejé plasmada y hasta fotografiada la amistad entre Cristina y David Rockefeller. Tanto The Americas Society como el Council of the Americas, los dos poderosos lobbies de inversión y saqueo fundados por el petrobanquero han actuado como plataformas de apoyo a la mandataria argentina, a pesar de todas sus nacionalizaciones (tanto las genuinas como las falsas). En ese foro, regenteado por Susan Segal (amiga personal de la mandataria argentina y alta ejecutiva del Grupo Rockefeller) Cristina muestra una cara menos “nacional y popular”. El 26 de setiembre de 2007 dijo en el gran salón del hotel neoyorquino Waldorf Astoria: “Este país que hoy ofrecemos gustosos a todos los que vengan a invertir, con la concepción y la comprensión, por parte de quienes estamos allá que la rentabilidad no es un pecado, que ganar dinero no es pecaminoso”.
En ese escenario, el 22 de setiembre de 2008, tuvo lugar el afectuoso encuentro que ilustra esta nota: Cristina, emocionada, admirativa, toma con sus dos manos la diestra de David Rockefeller, el banquero que apoyó los golpes militares de los generales Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla.
De nuevo en el Council, en setiembre de 2010, “la presidenta entusiasmó a la audiencia cuando informó que se usarían reservas del Banco Central para pagar deuda” (El Mal-Editorial Planeta, octubre de 2011). Los empresarios -reunidos por Rockefeller y el genocida John Dimitri Negroponte (capo del Council of the Americas)- la aplaudieron a rabiar.
Un alto ejecutivo de JPMorgan recordó que la economía argentina había crecido 8,5 por ciento. El representante de Monsanto, Jesús Madrazo Yris, salió eufórico del encuentro: “Es tranquilizador que en la Argentina se impulsen reglas claras y transparentes para inversores”.
Pero la más elocuente fue la propia Presidenta: “Es la primera vez desde que me entrevisto con empresarios que veo este cambio de actitud. Obviamente ha tenido que ver la reestructuración de la deuda: cuando uno paga lo que debe te miran más lindo”.
¿Quién traiciona? ¿Quién le hace el juego a la derecha? Los críticos, los opositores, los presuntos agentes de Héctor Magnetto, o la máxima e indiscutida autoridad del Proyecto. Más allá del saqueo practicado por las megamineras en los Andes, las semillas transgénicas en nuestros campos o el fraking en la profundidad de nuestras rocas, otras señales desnudan la índole reaccionaria de este gobierno: el congelamiento de salarios y jubilaciones, el impuestazo inflacionario, el aumento de las tarifas, son apenas algunas de las expresiones de un “ajuste” que no se quiere hacer explícito, pero aprieta como los que se practican sin falsos rubores.
Dale tu mano a David, dale que te hará bien.
Buenos Aires, 25 de diciembre de 2012.
Nota relacionada: ¿Hacia la soberanía hidrocarburífera de la mano de Chevron?
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