Los Estados miembros se comprometieron a respetar y hacer respetar esas instancias, la mayoría de los países firmaron los diversos instrumentos jurídicos, pero algunos no los han ratificado y se han agrupado para desconocerlos y enmascarar sus intenciones intervencionistas en la vida de otros pueblos.
La humanidad está llegando a un punto de inflexión y cambios profundos y a la necesidad de revisar y fortalecer las bases de los acuerdos establecidos entre las naciones para el cumplimiento de los Derechos Humanos y de los Pueblos. En esa dirección fue la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de la ONU en Viena en el año 1993, profundizando los derechos de los Pueblos sobre la autodeterminación, el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Queda un largo camino por recorrer para encontrar alternativas en la lucha contra el hambre y la pobreza, en la preservación del Medio Ambiente y el derecho de los pueblos a la paz.
Los últimos gobiernos argentinos asumieron como política de Estado la bandera de los Derechos Humanos escuchando el reclamo histórico de nuestros organismos y del pueblo, por lograr la nulidad de las leyes de impunidad y por dar lugar al derecho de Verdad y Justicia, para llevar adelante los juicios contra los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar.
Sin embargo, vemos que esto no es suficiente frente a la grave situación de derechos vulnerados que viven los pueblos originarios, hoy reprimidos para arrebatarles sus territorios, y llevados a la marginalidad y la pobreza.
Vemos que esto se relaciona con la expansión de las fronteras de monocultivos y sus agro-tóxicos, que provocan contaminación y la destrucción de la biodiversidad, expulsando a los pobladores o afectando su salud.
Y que también se persigue y reprime a los pobladores de las zonas mineras, que los gobiernos provinciales no quieren escuchar ni respetar, porque privilegian el capital trasnacional de las empresas mineras, y porque no tienen presentes los daños a la salud de los pobladores y la destrucción de sus producciones regionales por la contaminación del aire y del agua.
Lamentablemente vemos que no se comprenden los derechos humanos desde su integridad, sino que se los acota a la época de la dictadura militar desde el 76 al 83.
Hoy las organizaciones sociales asumen la defensa del medio ambiente y reclaman políticas públicas nacionales y provinciales, que deben ser respetadas y no reprimidas como los casos concretos en la provincia del Chubut, donde los movimientos sociales fueron recientemente reprimidos, o como en Andalgalá y en Famatina, violando el derecho de los pueblos.
Las organizaciones sociales hoy también reclaman que la Ley de Medios sirva para ayudar a los medios pequeños sin fines de lucro, como las televisoras y radios comunitarias.
Porque así como el Grupo Clarín, con apoyo de la Sociedad Interamericana de Prensa, monopoliza y mercantiliza la palabra para defender los intereses de unos pocos presentándose como la "prensa libre", la Ley de Medios debe ser una herramienta para todos los argentinos, que se aplique sin dañar el equilibrio de poderes y de forma integral, para que realmente democratice la palabra y no reemplace un monopolio por otro.
Todos tenemos derecho a enriquecernos y aprender de las diversas voces de nuestro país y continente.
Por eso este 10 de diciembre, a 64 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, celebramos por un lado los pasos positivos de la humanidad y por otro asumimos el desafío de generar conciencia crítica y valores, en la educación y en preservar la vida y la dignidad de nuestros pueblos.
Los derechos humanos son espacios a construir como valores indivisibles de la democracia.
Adolfo Pérez Esquivel
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