Jorge Nahuel, referente de la zonal Xawunko de la Confederación Mapuche de Neuquén, repasa en diálogo con el OPSur
los impactos y conflictos que han causado los últimos veinte años de
explotación hidrocarburífera y lo que ha significado el nuevo avance de
la frontera petrolera a partir de la explotación de yacimientos no
convencionales. La falta de reconocimiento jurídico, la no
regularización de sus tierras y la ausencia de aplicación del derecho a
la consulta son, a su juicio, los tres pilares de la privación de
garantías que viven las comunidades en desmedro de la industria
petrolera. “Hay una política de absoluta impunidad y la principal
víctima de esa situación son los Pueblos Indígenas”, sostiene el
dirigente mapuche.
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Foto: facebook Jorge Nawel Purran |
-Del relevamiento que hizo el
Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas en 2012 se
desprende que aproximadamente 20 comunidades atraviesan conflictos por
la concesión de sus territorios para la exploración y explotación de
hidrocarburos o por los impactos que esta actividad. Da la impresión de
que en otros momentos la conflictividad estaba más vinculada con la
apropiación de tierras por parte de particulares y que en los últimos
años ese lugar lo ocupan los proyectos extractivos.
JN: Sí, claro. El primer problema que
tenemos los Pueblos Indígenas es con las extractivas, después hay
problemas con vecinos, con terratenientes, municipios, empresas o la
forestación. El problema principal es con las extractivas, sobre todo
porque exige un campo desocupado, libre, y la petrolera entra y
necesita que esa tierra sea desocupada, por lo tanto va generando una
política de desplazamiento a las buenas o a las malas.
La cuestión de los Pueblos Indígenas y
la industria extractiva es un problema global, porque la [frontera]
extractiva avanza de manera completamente impune, amparada en las
políticas que los Estados han asumido. No hay estrategia de defensa de
la soberanía ni tampoco una estrategia para garantizar la seguridad y el
ambiente para las generaciones futuras. En el campo indígena hay una
normativa excepcional en cuanto a reconocimiento de derechos, pero todos
esos avances son letra muerta al lado de la impunidad con que estos
grupos económicos, que sostienen el extractivismo, establecen las reglas
del juego. Y nos encontramos con este panorama actual, donde de pronto
se entrega una concesión sobre un área que está ocupada por comunidades
indígenas, pero como previamente a esa comunidad se la despojó de todo
lo que sea reconocimiento, no tiene garantías territoriales: no tiene
título de propiedad, no tiene personería jurídica, y está siendo
cuestionada hasta su propia existencia cultural.
En este caso, el responsable fundamental
es el Gobierno Provincial. ¿Por qué el provincial y no nacional? Porque
el provincial es el que tiene la competencia, la facultad para
reconocer personerías jurídicas, regularizar la tierra y aplicar el
Derecho a la Consulta, que son los tres ejes del conflicto. El Gobierno
Nacional, por supuesto, tiene la responsabilidad de estar promoviendo un
modelo global de explotación y de híper producción, cueste lo que
cueste.
