En las últimas semanas, en la ciudad de San Martín de los Andes se originó una fuerte discusión entre el Ejecutivo municipal, por un lado, y un grupo de ediles (apoyado por un sector no menor de vecinos), por el otro, en torno a la propuesta del primero de izar oficialmente la bandera Mapuche junto con las enseñas argentina y provincial en la plaza San Martín de esa localidad. Una iniciativa que sin dudas debiera ser vista como un acto de justicia social y de parcial -muy parcial y limitado- reconocimiento histórico, como lo es que el wenufoye ondee en lo alto de un mástil cordillerano, sin embargo ha sido interpretado por los segundos como si se tratase poco menos como un acto de secesión. Una medida absolutamente legítima en términos históricos, y completamente legal en términos jurídicos, ha sido percibida como una afrenta.
Ante esta situación, lo primero que debieramos recordar es que la idea de Nación no se contrapone a la de Estado. Y es en tal sentido que el pueblo Mapuche reivindica su ser nacional, en tanto sus miembros comparten una misma cosmovisión, una misma lengua y una misma cultura aún dentro de un Estado argentino que reclaman plurinacional, como sin dudas lo es en los hechos. Hechos y realidad que se hallan muy lejos de la fantasía disgregadora y discriminatoria de homogeneidad étnica, racial, cultural e identitaria que, desde los inicios del proceso de conformación del Estado argentino hace más de 200 años, ha movilizado históricamente a determinadas facciones de poder. Homogeneidad que no es más que un mito. Pero un mito en cuyo nombre se han cometido todo tipo de abusos y tropelías. Y allí estriba su peligrosidad.
La preexistencia de los pueblos originarios a la ocupación del actual territorio de la provincia de Neuquén es un hecho histórico indudable, reconocido tanto por la Constitución provincial como por la Constitución Nacional. Más aún, en su propia Carta Orgánica San Martín de los Andes se reconoce expresamente como municipio intercultural, promoviendo la mutua aceptación como clave para la convivencia pacífica de los pueblos. No obstante, con la norma no basta. De diversas maneras y en repetidas ocasiones, desde distintos sectores de los gobiernos nacional y provincial se ha hecho oídos sordos a los reclamos legítimos de las distintas comunidades originarias del país; en especial en los últimos años, ante el mismo y recurrente problema de la tierra y las pujas por su uso/propiedad.
Una vez más resuenan las palabras de Marx parafraseando a Hegel, respecto a que los grandes hechos y personajes de la historia se producen dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. ¿Cómo no ver si no bajo este cristal la recurrencia a la segregación, a la discriminación y la exclusión que hoy se persigue contra muchos pueblos originarios del territorio nacional y, en particular contra el Mapuche, como una sugestiva farsa de aquella tragedia que significó el genocidio impuesto sobre estas comunidades hacia el ocaso del siglo XIX por parte del Estado argentino?
Hay verdades que pueden resultar dolorosas para quienes gozan de bondades conseguidas por medios que escandalizarían a esas mismas personas, si en lugar de haber sido los beneficiarios de tales acontecimientos, hubieran sido los perjudicatarios. Es común, por ejemplo, que muchas personas que denuncian como un acto de colonialismo la ocupación militar de las Islas Malvinas por parte de los ingleses, se resistan a aceptar la realidad colonialista de la ocupación de los territorios indígenas por parte del Estado nacional, significativamente más cruenta y que incluyó abyectas matanzas de diferentes comunidades originarias, así como el sometimiento a la servidumbre de todos aquellos y aquellas que no pudieron escapar de las manos del Ejército Argentino.
Las verdades pueden agradarnos o desagradarnos. Pero lo que no podemos hacer, es ignorarlas.
Debemos asumir, como miembros de una nación que durante dos siglos se erigió por sobre otras de manera homogeneizante y totalizadora, que el camino no es negar la realidad de las prácticas de nuestros antecesores, como tampoco lo es continuarlas por otros medios que hoy pueden resultar más civilizados. Hoy, es nuestro deber como ciudadanos reconocer que el Estado que nos contiene debiera ser pensado no sólo ya comointercultural, sino incluso como plurinacional; en el que no sólo el respeto sino también la reivindicación de los valores, identidades, prácticas culturales, idiomas, instituciones y cosmovisiones sea el eje vertebrador. Porque no podremos jamás subsanar los males ocasionados en la tragedia perpetrada por aquellos, pero sí podemos y debemos evitar repetirlos en tono de farsa.
Por todo esto, consideramos que izar la bandera Mapuche en San Martín de los Andes es un acto de absoluta legitimidad. Y no sólo para quienes se ven directamente representados por el wenufoye, sino para todas y todos aquellos que nos vemos también representados por un emblema que nos identifica como parte de un Estado plurinacional. Apenas un paso en el largo camino que debemos recorrer para consolidar una sociedad multicultural y plurinacional -que ya lo somos-, en la que las diferentes culturas, pueblos y comunidades se hallen en pie real de igualdad, sin que tal diferencia se conviertan en objeto de injusticia social, política o económica.
Por Ariel Petruccelli y Pablo Scatizza*
Neuquén, Puelmapu. Noviembre de 2014
* Historiadores. Directores del Departamento de Historia. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Comahue
Fuente: Confederación Mapuche de Neuquén
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